Casi un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratificara la condena de cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra por los abusos sexuales continuados a una menor tutelada de quince años, cometidos entre 2016 y 2017 en el centro de menores en el que trabajaba como educador, la víctima –este periódico sigue sin poner su nombre por deontología hacia las víctimas– se encuentra viviendo en condiciones precarias con dos hijos a su cargo, uno de ellos un bebé de menos de dos meses, y envuelta en una batalla de acusaciones cruzadas entre su entorno familiar –una joven que dice ser su prima– y los que hasta el momento de la dimisión de Oltra –que tiene que declarar como investigada el próximo 19 de septiembre– habían sido sus grandes valedores: la presidenta de la asociación Gobiérna-te, Cristina Seguí, y el letrado José Luis Roberto, vinculados a la extrema derecha y que ejercen la acusación en la causa que instruye el Juzgado 15 de València contra 14 imputados –la mayoría altos cargos de la Conselleria de Políticas Inclusivas– por ocultar los citados abusos a la menor y realizar un informe extrajudicial desacreditando a la víctima.

Así, unos y otros se acusan de haber utilizado a la joven y haberse aprovechado de su estado de necesidad. La prima de la víctima achaca a la extrema derecha que mientras necesitaban a la chica como arma arrojadiza contra Oltra «la ayudaron» y le prometieron trabajo y casa en Madrid, pero que una vez han logrado su propósito, que no era otro que la cabeza de la vicepresidenta del Consell, se han desentendido de la joven, quien ha tenido que dormir en una nave abandonada con sus dos pequeños. «Hay que ser muy mala persona para aprovecharse de una niña de la que han abusado», sostiene Paloma.

Por su parte Cristina Seguí, a quien se dirigen la mayor parte de las acusaciones, entre ellas incluso haber amenazado supuestamente con difundir antecedentes penales de las jóvenes por sus comentarios en redes sociales, sostiene que quien se ha aprovechado de la víctima de los abusos de Luis Eduardo R. I. es esta supuesta prima suya, «que es una estafadora y le ha estado robando dinero» de las donaciones que algunos particulares han hecho a la joven después de que esta solicitara ayuda económica por Bizum en redes. Dichas donaciones, al parecer, llegaban a la cuenta de la prima, con la que convivía hasta hace unos días. «Ha descubierto que le ha quitado 800 euros y por eso han discutido», indica Seguí.

En esta batalla que mantienen en redes sobre quién ha ayudado o dejado de ayudar a la menor tutelada los peor parados son los dos niños, de un año y cuatro meses y el bebé nacido en julio, cuya situación de posible desprotección ya están analizando los Servicios Sociales.

«Me he equivocado al implicarme demasiado»

Cristina Seguí, presidenta de la asociación Gobiérna-te, que ejerce la acusación particular en la causa contra los catorce imputados por ocultar los abusos de la menor tutelada –entre los que se encuentra Mónica Oltra–, niega haberse aprovechado en modo alguno de la víctima, y que su error ha sido «haber intentado ayudar más de lo que debía», pagándole noches de hotel, llevándoles comida o comprándole ropa para el bebé. «Me he equivocado al implicarme demasiado», reconoce Seguí. Además afirma que le buscó vivienda y un trabajo en un hospital de Madrid en marzo y que fue al joven quién no lo aceptó. «Respeto vuestro trabajo, lo que hacéis por mí y los consejos de ayuda y apoyo pero no me quiero ir bajo ningún concepto, aquí ya tengo todo solucionado menos lo económico; vivienda, médicos, familia», le contestó por WhatsApp. Así, Seguí considera que los verdaderos culpables de la situación de necesidad que atraviesa la víctima, criada bajo la tutelada del Estado, es la propia administración