La Confederación de ampa Gonzalo Anaya —la mayoritaria, que agrupa a más de 1.000 asociaciones valencianas—, lamenta el revuelo generado sobre la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO. La confederación es una firme defensora de esta organización de las clases —que agrupa materias en grandes áreas de conocimiento— y, además, querría que se generalizara en el resto de niveles.
El 2022-23 iba a ser el tercer curso con ámbitos obligatorios en 1º de ESO en la C. Valenciana, una medida que dictó la Conselleria de Educación en pandemia para facilitar la transición del alumnado de Primaria a Secundaria —lo que supone un «shock», dicen las ampas— y que ahora impulsa la nueva ley educativa estatal (la Lomloe), aunque voluntariamente.
No obstante, tras una denuncia de UGT, el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (Tsjcv) ha anulado cautelarmente la obligatoriedad, y ahora decidirán cada centro y su claustro. Rubén Pacheco, presidente de la Gonzalo Anaya, afirma que en 2020-21 y 2021-22 los ámbitos al inicio de la Secundaria «han funcionado muy bien, solo hace falta ver los datos y comprobar la mejora sustancial que ha habido». Asegura que esto no se debe, por ejemplo, a las facilidades en la promoción, «porque la tendencia en el resto de cursos no ha sido así y tenían lo mismo». «Algo habrán tenido que ver los ámbitos», asegura.
«El sistema educativo no cambiará si no cambia la metodología, y las cifras demuestran que el actual no es el correcto. Cada curso hay más alumnos con malos resultados y la desmotivación es cada vez mayor», lamenta.
«Defendemos un cambio metodológico general y los profesionales de la educación están suficientemente formados para adaptarse a las innovaciones», consideran desde la confederación. «Pedimos a todos los agentes que se vuelquen en la mejora de la calidad educativa, lo que no debe conllevar un empeoramiento de su situación laboral», añade. Aunque respeta las protestas, Pacheco cree que es «una lástima que por una cuestión de carácter laboral, la mejora educativa se pueda ver menguada».
Sobre los argumentos de algunos sindicatos o profesores, explica que «la libertad de los centros llega donde llega y algunas asignaturas no corresponden a una especialidad, porque no hay una carrera específica para ellas». «Esperamos que los claustros se manifiesten a favor de los ámbitos, aunque solo sea por una cuestión práctica, porque hacer en menos de una semana todo lo que se prepara a final de curso es un desmadre», avisa, al tiempo que explica que la mayoría del profesorado no está en contra o no se manifiesta sobre la cuestión.
La concertada, ya organizada
En esta línea también se manifiestan desde Escuelas Católicas (Escacv). Si bien, en este caso, la decisión es de la titularidad del centro concertado y de los equipos directivos, Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escacv, apuesta porque la mayoría de la concertada «va a seguir como estamos», al tener ya realizada la contratación del profesorado. «Ya lo tenemos todo organizado, con los horarios, los grupos, las materias… los profesores se fueron de vacaciones sabiendo qué iban a impartir», explica. «Si somos serios, la programación, las clases y las actividades se preparan en verano, y no sería ético ni moral decirles ahora que todo eso no vale, sería un horror. Modificar esto sería más costoso y los alumnos son los que salen perjudicados», reflexiona. Asimismo, añade otro punto: la preparación de materiales se ha hecho sí o sí porque, además, 1º de ESO es uno de los cursos en los que la Lomloe se implanta en 2022-23 (ahora llega a los cursos impares y en 2023-24 a los niveles impares).
«Sabíamos que había profesores en contra y sindicatos batallando, pero no esperábamos esto», reconoce Rodríguez.
CC OO teme crispación en los centros
El sindicato CC OO se muestra preocupado por la «posible crispación» que la decisión cautelar del Tsjcv -que se ha ratificado- pueda generar en los centros. Afirman que se ha producido una «situación descabellada a tan solo dos semanas del inicio de curso y en pleno agosto». «Los tiempos judiciales no concuerdan con los tiempos escolares», lamenta el sindicato, que lanza tres peticiones: «no se tiene que perder ni una plaza [docente]»; «ningún colectivo de personal adjudicado en julio tiene que verse perjudicado»; y hay que evitar que las adjudicaciones sean de miles de personas. Y es que, la conselleria busca la manera legal de que el profesorado interino que obtuvo una plaza en julio para impartir ámbitos no la pierda si al final su centro vuelve a las asignaturas tradicionales. Son unas 500 personas y en el proceso participaron 12.000 docentes. Tras mantener conversaciones telefónicas, Educación ha convocado a los sindicatos este lunes. UGT asegura que «habrá un pacto para el mantenimiento y refuerzo de las plantillas».
