La conselleria de Educación cuenta con 811 orientadores y orientadoras en los centros de educación infantil y primaria, 310 más que hace un año. Es decir, se ha reducido la ratio de orientadores por alumno casi a la mitad; pasa de 515 alumnos por cada orientador, a 290 niños y niñas por trabajador en el curso anterior. Son datos que la propia conselleria ha enviado al Síndic de Greuges tras una queja emitida por el organismo dirigido por Ángel Luna.

En la queja, el Síndic pretendía iniciar una investigación sobre el problema de la violencia escolar, y por eso reclama a Educación datos, tanto de los casos como el número de trabajadores que están dedicados a prevenir esta lacra en las aulas valencianas. El resultado de la investigación es que al menos 1.221 niños y niñas han sufrido de violencia escolar en el último curso, y que de esos, casi la mitad (521) están en Alicante. Otra cifra que arroja el informe es que una cuarta parte de los casos son autolesiones y un 17 % amenazas de suicidio por parte de los alumnos.

Pese a aportar estos datos, Luna critica muy duramente a la conselleria de Educación por su falta de transparencia al no querer compartir los casos por localidad, colegio y tipo de violencia, para "no señalar ni estigmatizar a estos centros ni crear una alarma innecesaria". Pese a recordarle en dos ocasiones por escrito su obligación de colaborar con la administración, Educación se ha negado a dar gran parte de los datos.

Por provincias, la que tiene más orientadores educativos es Alicante, con un total de 350 en el curso 2021-22. Le sigue València con 317 y Castelló con 144. La inversión de conselleria ha hecho que todos los territorios crezcan en número de educadores respecto al año pasado. En concreto, Alicante tenía 221 en el curso 2020-21, Castelló 83 y València 195. Todas han crecido en torno a un 60 y un 70 % en un solo año.

Además, Educación ha matizado al Síndic que "la nueva organización ha permitido la creación de seis unidades especializadas de orientación en ámbitos diversos: altas capacidades y discapacidad intelectual, igualdad y diversidad, trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad motora, discapacidad visual, dificultad para el aprendizaje y convivencia y conducta". Todas estas unidades cuentan a su vez con distintos perfiles profesionales como "profesorado de orientación educativa, profesores terapeutas y profesorado de trabajo social".

El Previ (Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia) es el organismo que se encarga de recoger datos, a través de estos orientadores, sobre el tipo de violencia escolar que pueden estar sufriendo los alumnos. En su contestación al Síndic, Educación revela que divide los problemas que surgen en dos grandes categorías que después se ramifican en otras muchas. Primero distingue entre bullying y ciberbullying, y dentro de estas dos se diferencia el acoso o violencia entre homofobia y transfobia, diversidad funcional, xenofobia o otros motivos, aunque matiza que una misma situación puede cumplir varias categorías.

Tras explicar los procedimientos, Educación recordó al Síndic que está trabajando en un proyecto de decreto por el que "se regula la igualdad y convivencia en los centros educativos".