El año judicial 2022-203 será de alto voltaje y agenda completa. Cuatro causas de presunta corrupción sentarán en el banquillo de los acusados a un total de 76 personas entre septiembre de 2022 y junio de 2023, cuando está previsto que finalice el último de los juicios señalados y que marcarán la agenda judicial y política valenciana. Entre los procesados hay primeros espadas de la política valenciana como el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que afronta su segundo juicio en relación con la trama Gürtel, después de lograr la absolución en el primero (el caso de los trajes) y que se archivaran otras cuatro causas contra él (caso Valmor, circuito de Fórmula 1 y visita del papa a València en 2006) en las que ha estado investigado. También se sentarán en el banquillo dos expresidentes de la Diputación de València. Uno de ellos Alfonso Rus, por las piezas del caso Taula sobre los contratos zombis en Imelsa y Ciegsa o la contratación del centro de llamadas de gestión tributaria de la Diputación de València. El otro expresidente provincial procesado es Jorge Rodríguez, que se sentará en el banquillo junto a catorce personas más por el caso Alquería, que ha investigado los contratos de alta dirección presuntamente irregulares en la empresa pública Divalterra.
Respecto a las causas aún en fase de instrucción el foco mediático estará en la declaración de Mónica Oltra el próximo 19 de septiembre (el mismo día que comienza el juicio por el caso Alquería) en la causa que investiga la presunta desprotección de la menor que denunció por abusos al exmarido de la exvicepresidenta, que está investigada en esta causa junto a once funcionarios de la Conselleria de Igualdad y dos trabajadores del Centro Niños Jesús, donde se produjeron los abusos. Por estos hechos el monitor Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de cárcel por la sección segunda de la Audiencia Provincial y ratificada por el TSJCV. Aunque el fallo está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si el recurso que ha presentado el monitor tiene interés casacional para admitirlo, o no, a trámite.
También seguirá la investigación del caso Azud, con 60 investigados, que indaga sobre la trama de presunta corrupción en ayuntamientos como el de València y Xixona, en los que el empresario promotor Jaime Febrer, logró supuestos favores urbanísticas a cambio del pago de presuntas comisiones y regalos a políticos y funcionarios. En la causa están investigados responsables políticos del PP (Alfonso Grau) y del PSPV-PSOE (Rafael Rubio), entre otros.
Por último, con la instrucción finalizada, están pendientes de la resolución de los últimos recursos y el señalamiento de juicio de los casos Erial (en los que están investigados los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas) y Avialsa o cártel del fuego, en el que está procesado el exconseller de Gobernación, Serafín Castellano. Ambas vistas podrían celebrarse a finales de 2023 o principios de 2024.
Caso Alquería: Quince acusados por los contratos de alta dirección en Divalterra
El caso Alquería juzgará, del 19 de septiembre al 25 de noviembre, la presunta malversación y prevaricación supuestamente cometida por el expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a su círculo más cercano de colaboradores y otros cargos del PSPV y Compromís. En el punto de mira judicial están los contratos de alta dirección en Divalterra, realizados sin avales jurídicos según las acusaciones, que impulsaron Rodríguez y los exgerentes de Divalterra, Jose Ramón Tiller, Xavier Simón (ambos por el PSPV-PSOE) y Agustina Brines (Compromís) y que supusieron un perjuicio a las arcas públicas de 1.122.095,80 euros. La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años de prisión para Rodríguez y sus colaboradores directos y seis años para los ex altos directivos.
Trama Gürtel: Camps y tres exconsellers juzgados por 1,8 millones adjudicados a Correa
La última pieza de la trama Gürtel valenciana que queda por juzgar, la de los contratos menores, juzga el trato de favor a siete empresas de Francisco Correa que recibieron, entre 2004 y 2009, una pedrea de pequeños contratos menores a 12.000 euros desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas de la Generalitat, por valor de más de 1,8 millones. Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados desde el 17 de enero al 23 de mayo de 2023 un total de 27 personas. Entre ellos el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera), diecisiete técnicos o cargos intermedios de la Generalitat y seis miembros de la trama, condenados en otras piezas de esta causa y que ya colaboran con la justicia desde hace tiempo.
Taula pieza de los zombis: 26 procesados por contratos ficticios en Imelsa y Ciegsa
El juicio por los supuestos contratos zombis (a gente afín a un partido que no acudía a su trabajo) en las empresas públicas Ciegsa (Generalitat) e Imelsa (Diputación de València) se celebrará del 23 de enero al 15 de marzo de 2023. Entre los 26 acusados por los contratos zombis del caso Taula está el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent y el exdiputado provincial y ex subdelegado del Gobierno en la C. Valenciana, Rafael Rubio (investigado también en el caso Azud). Anticorrupción pide 12 años para Rus y Caturla por los contratos zombis y otros seis años para Rubio. Y fianzas civiles para todos que suman 4.721.081 euros.
Taula pieza del call center: ocho encausados por el amaño del centro de llamadas
La pieza separada D del caso Taula juzgará a 8 personas por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de «call center» o centro de llamadas para la empresa pública Imelsa. Una adjudicación que estuvo presuntamente amañada para que la empresa Servimun ganara el concurso, gracias a la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en la causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent. Anticorrupción pide por estos hechos 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y seis meses para Marcos Benavent y 13 para el empresario Mariano López y el propietario de Servimun, adjudicataria del contrato del Call Center, Fernando Palomares.
