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Las comunidades de vecinos alertan del aumento de la morosidad por el alza de precios

La crisis energética y la inflación provocan la subida de los gastos y de las cuotas, que ascenderán entre un 20 y un 30 % a finales de este año

Una finca de la calle Sant Vicent Màrtir de València. M.A. Montesinos

Las comunidades de vecinos prevén un aumento de la morosidad antes de final de año. La inflación afecta cada día más a los recibos de los gastos comunes de los propietarios de las fincas. El precio de algunas partidas se ha triplicado, como el de la luz, pero no es el único. Ha subido también el coste del servicio de limpieza de la escalera, así como los del mantenimiento general de los edificios, ya que se han encarecido todos los materiales y eso ha repercutido en la mano de obra. El resultado es que las comunidades han subido las cuotas para mantener los gastos hasta en un 30 %. Un ejemplo concreto: la luz de una finca de barrio de Ciutat de Vella de València ha subido casi un 40 % en 2022 con respecto a 2021. Sus vecinos pagan este año, entre los trimestres, 247 euros más que el anterior. El mantenimiento del ascensor, independientemente del gasto de la luz, sube un 15 %, y el de los extintores un 10 %. Sólo se mantienen igual los costes del IBI y del vado del garaje. 

El aumento general de los precios en las comunidades de propietarios se estima entre un 20 y un 30 % para finales de año con respecto al año anterior. 

La subida de los costes lleva, irremediablemente, a un incremento de los morosos. Vecinos que dejarán de pagar los gastos porque tienen otras prioridades que atender. «Siempre hay un porcentaje de propietarios que son deudores, porque no ven como prioritarios los gastos de la comunidad de vecinos», asegura Sebastián Cucala, presidente del Colegio Territorial de de Administradores de Fincas de València. «Pero ahora, al subir la cesta de la compra, todo es más caro. Es lógico»; apunta Cucala. La ecuación es fácil de entender. Si en circustancias normales, los gastos de la finca no eran prioritarios y, en algunos casos, se atrasaban, ahora lo serán más. «Como ha subido la cesta de la compra y todo es más caro, al que ya le costaba pagar lo costará más, porque atiende antes al pago de las cuotas de la hipoteca, la comida o el colegio de los niños», explica el presidente de los administradores de fincas de València. 

Un 15 % de las familias valencianas tuvo problemas para pagar los gastos de la comunidad de propietarios por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y la morosidad se disparó meses después. Durante la última crisis, llegó a afectar en algunas fincas al 50 % de las viviendas. Cucala apunta que en épocas de bonanza la morosidad ronda el 5 %, cifra que se multiplica durante las crisis económicas.

el precio del gasóleo para las calderas, que todavía tienen miles de edificios en otras autonomías, se ha multiplicado por 10 en apenas dos años

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El aumento del precio de las energías ha supuesto un gran problema en las comunidades de propietarios con calefacción central, muy habitual en zonas de frío como Madrid y, especialmente, en el norte de España. Se trata, sin embargo, de un problema menor en la Comunitat Valenciana, al ser muy poco común este sistema. Sólo un porcentaje muy pequeño de edificios de la ciudad de València, por ejemplo, mantienen el sistema de calefacción central, y el uso general es del gas ciudad de forma individualizada, muy implantado en las grandes urbes de la Comunitat. Sin embargo, el precio del gasóleo para las calderas, que todavía tienen miles de edificios en otras autonomías, se ha multiplicado por 10 en apenas dos años. En ese caso, se espera un invierno muy duro para los gastos de calefacción ante las subidas del precio de los combustibles por la guerra en Ucrania.

Adiós a la calefacción central

En general, la calefacción central en España tiene los días contados. En concreto, hasta mayo de 2023. Será entonces cuando finalice el plazo para que los edificios que cuenten con este sistema se adapten a la nueva normativa, aprobada por el Gobierno el año pasado, y comiencen a facturar por su consumo individual. La fecha concreta depende de la zona climática donde se encuentre la vivienda y «siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable», detalla el Real Decreto-ley 736/2020. 

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