Investigados por corrupción el interventor jefe de la Guardia Civil y varios constructores

Pero no solo. Las pesquisas también salpican expedientes de licitación de servicios y contratos de compras. Todos ellos son de cuantías menores, ya que las obras mayores están fuera de las competencias de las unidades territoriales y solo pueden ser adjudicadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

La investigación, que dio comienzo hace un año a raíz de una denuncia, pretende aclarar si, como afirmaba la primera información que llegó a Anticorrupción y han constatado las indagaciones iniciales de la Fiscalía y del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, el teniente coronel ha recibido mordidas por la adjudicación de esos contratos y si estos se vieron alterados al alza en su cuantía para desviar el dinero público.

El oficial ha desempeñado desde hace más de 15 años el puesto de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, es decir, el de máximo responsable del dinero que maneja el instituto armado en la C. Valenciana, pero no es miembro de la institución, sino que pertenece a las Fuerzas Armadas, concretamente a los cuerpos generales. La de interventor es una figura técnica de la que carece la Guardia Civil, como ocurre también, por ejemplo, con el cuerpo jurídico, por lo que el Ministerio de Defensa dota esos puestos con militares, como ocurre con el teniente coronel bajo investigación.

Expedientes intervenidos

De momento, los agentes de Asuntos Internos han optado por no detener a nadie y mantener tanto al oficial como a los empresarios en calidad de investigados, ya que entienden que no existe riesgo de fuga y que todos ellos cuentan con suficiente arraigo social y familiar.

Anticorrupción abrió diligencias de investigación hace casi un año y, tras esas primeras indagaciones que parecen confirmar los hechos referidos en el escrito inicial, denunció el caso ante los juzgados de València, en cuyo partido judicial se habrían concretado esas presuntas actuaciones irregulares. Las diligencias por este supuesto caso de corrupción fueron a reparto y recayeron en el Juzgado de Instrucción número 3 de València, que autorizó el registro del despacho del teniente coronel, ubicado en la sede de la VI Zona de la Guardia Civil, en el cuartel de Benimaclet, que recibe el nombre del barrio valenciano barrio en el que se encuentra.

Tanto el registro en las dependencias de la Guardia Civil como en las sedes de las empresas contratistas bajo investigación, realizados ayer por la mañana, han permitido a los agentes del SAI intervenir abundante documentación, tal como han confirmado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia. Los investigadores confiscaron no solo los diez expedientes de los contratos en los que se habrían producido los delitos denunciados, sino también otras adjudicaciones que ahora serán analizadas en profundidad.

Además, se les tomó a todos ellos declaración como investigados en esas mismas dependencias. Fuentes de toda solvencia han aclarado que, de momento, no se han adoptado medidas administrativas cautelares sobre el teniente coronel, a la espera de la evolución de su situación procesal y judicial.

Malversación, cohecho y falsedad

De momento, la causa investiga delitos de malversación, cohecho y falsedad documental, aunque podría ampliarse a más en función del resultado del análisis de la documentación intervenida ayer y de las declaraciones de los investigados y de más testigos.

Las fuentes consultadas incidieron en que, por ahora, no hay ningún agente de la Guardia Civil implicado en la investigación, ya que los subordinados del teniente coronel encargados de ejecutar sus decisiones no eran conocedores de lo que supuestamente estaba sucediendo con esas partidas económicas.