Las limpiadoras de Delegación del Gobierno denuncian impagos de la subcontrata: "Llevamos meses trabajando gratis"

El personal de limpieza de Delegación del Gobierno de València lleva meses "trabajando gratis" ante los impagos de la subcontrata. Así lo denuncian las trabajadoras, que reivindican que sufren impagos desde hace años, y que en algunos casos deben varios meses de sueldo a algunas empleadas.

La empresa ya acumula dos denuncias por este motivo, con juicios que se celebrarán en noviembre y este mismo mes, y que afectan a casi 20 empleadas en los edificios que dependen de delegación. La subcontrata renovó el servicio recientemente por un presupuesto de 184.259 euros para gestionar la delegación y subdelegación del Gobierno, una oficina de extranjería y varios edificios de Sanidad.

Delegación del Gobierno, a preguntas de este periódico, ha asegurado que, desde el momento que ha tenido constancia ha mandado un requerimiento a la empresa. Además, han asegurado que la semana que viene mantendrán una reunión de urgencia con las trabajadoras de la limpieza para despejar su situación. "Si de esa manera no se resuelve, actuaremos con la ley en la mano", aseguran fuentes de Delegación, que ha convocado también a la empresa de manera urgente.

El propietario de la empresa, Enrique Blanco, es un conocido empresario del sector de la limpieza que acumula embargos de la Diputación de València y notificaciones de la Seguridad Social en Alicante, Castelló y Toledo por este mismo motivo: no pagar a sus trabajadoras.

Lo hizo a través de distintas empresas, que iba cambiando cuando su reputación comenzaba a estar quemada. El empresario lleva optando a contratos de la administración desde hace 20 años, y se ha beneficiado en varios casos de concesiones millonarias de decenas de millones de euros.

"No entendemos que esta persona lleve beneficiándose de contratos públicos durante 20 años con el historial que tiene a sus espaldas", denuncia una trabajadora

Primero lo hizo con Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig S.L, que cuenta con una retahíla de causas en los juzgados de lo social y varias huelgas de sindicatos como CC OO o UGT por impagos a los empleados, en algunos casos de hasta nueve meses. Tras esta empresa creó otra llamada Netalia, que también acumula sentencias en contra. Una de ellas condenó solidariamente a la junta de Castilla - La Mancha a pagar las deudas de 41 trabajadoras de la empresa por un total de 235.000 euros.

En este último caso, la empresa dejó a deber más de tres meses a las trabajadoras y al acabar el contrato se marchó sin pagar los finiquitos correspondientes. También cuenta con casos similares en las consellerias de Educación y Justicia de la Generalitat Valenciana. En el caso de la de Educación, el entonces conseller Vicent Marzá tuvo que rescindir el contrato porque la empresa no estaba abonando el sueldo al personal de limpieza, que manifestaba continuas quejas.

Muchas de las trabajadoras que ahora están en delegación y subdelegación todavía tienen deudas pendientes de Netalia, la anterior empresa. "Hay mujeres a lasque les deben más de mil euros y directamente el sueldo de varios meses", lamentan. Denuncian además que "como solo se puede denunciar a partir de tres meses de impago, lo que sucede es que muchas veces nos deben dos y luego nos van pagando".

"Tenemos miedo de que se vaya"

El miedo que tienen las trabajadoras ahora mismo es que se vuelva a repetir la historia y se queden sin cobrar cuando el contrato se rescinda. Tampoco entienden que "esta persona lleve beneficiándose de contratos públicos durante 20 años con el historial que tiene a sus espaldas", denuncian.

De hecho, según consta en el Registro Mercantil, este empresario ha creado recientemente otra compañía además de la que gestiona la limpieza de varios edificios públicos, motivo por el que las empleadas temen que deje esa empresa abandonada. "Lleva años haciendo lo mismo en la C. Valenciana y en otras autonomías como Castilla - La Mancha. Cambia de nombre constantemente", denuncia una trabajadora, que recuerda que en el mes de octubre delegación elegirá una nueva empresa para gestionar la limpieza.

Las condiciones de las trabajadoras tampoco son las mejores. Según denuncian, no se les proporciona el material adecuado ni suficiente. "Deberíamos tener dos uniformes y un polo de la empresa, pero la gran mayoría solo tenemos un uniforme y ya está. No nos dejan ponernos el otro porque tiene el logo de Netalia", denuncian. Además, las limpiadoras critican que no se ha contratado personal de sustitución durante las vacaciones de verano, lo que ha provocado que las empleadas quedaran con una enorme carga de trabajo.

"En plena pandemia no nos proporcionaban mascarillas para hacer nuestro trabajo, nos teníamos que apañar por nuestros medios. Al menos la delegada del Gobierno nos dio varias cajas para que hiciéramos nuestro trabajo", asegura una limpiadora.

Tampoco han funcionado las reclamaciones a la empresa por ninguna de las vías. Para empezar, las propias limpiadoras aseguran que cada mes tienen que enviar un escrito para reclamar cobrar su sueldo a tiempo. "Al firmar el contrato nos aseguraron que cobraríamos entre el uno y el diez, pero normalmente lo hacemos el 12, el 17 o hasta el 25 en algunos casos", lamentan.

Después, las llamadas a su oficina física para reclamar su sueldo tampoco funcionan. "Nunca nos contestan si llamamos para preguntar cuándo vamos a cobrar, tampoco a los wattsaps aunque los reciben y los ven. Ni siquiera nos entregan copias de nuestras nóminas", cuenta una trabajadora.

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