La patronal denuncia la falta de viviendas asistidas para personas con trastornos mentales

Aerte ha denunciado este viernes la falta de viviendas asistidas para personas con problemas graves de salud mental, y reivindica que Igualdad "reduce las ayudas económicas" destinadas a este colectivo. La patronal critica que "hasta ahora se asumía el coste de la plaza en la vivienda en su totalidad, en torno a los 2.350 euros, y ahora se concederá solo una tercera parte, 810 como máximo".

Este cambio se aplica tras aprobarse el pasado 12 de agosto el decreto 102/2022, que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la C. Valenciana. Igualdad desmiente esta información, y asegura que seguirá cubriendo el total de la ayuda económica para las personas que necesiten de una vivienda asistida. El matiz es el siguiente; el nuevo decreto da la opción a los usuarios de disfrutar de dos o tres prestaciones al mismo tiempo, con lo cual pueden elegir recibir solo una tercera parte del servicio "y el resto de horas ir a un centro de día o estar cuidado por un asistente personal", explica Mercé Martínez i Llopis, directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal.

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Conselleria asegura, de hecho, que "se ha producido una reestructuración del sistema, que filtra mejor el dinero a la persona usuaria". El decreto mencionado también contempla la creación del programa Sasem de atención individualizada para estas personas con trastornos de salud mental grave. "La verdad es que el mercado estaba desorganizado y había viviendas con mucho apoyo y poca saturación donde los usuarios cobraban lo mismo que las viviendas con mucha ratio y poco apoyo. Lo que se ha cambiado es que los que tienen poco apoyo puedan tenerlo fuera del centro con otra ayuda", dice Llopis.

La falta de viviendas supervisadas para personas con problemas de salud mental es un problema endémico en la C. Valenciana. Aunque desde 2016 se han aumentado, todavía son un número insuficiente. Ante este problema, la patronal alerta de que "solo se puede atender a un número muy limitado de personas" y critica que esas viviendas están adaptadas para "personas con un alto nivel de necesidades" y no a la vida independiente que, a su juicio, necesitaban las personas que se han estado atendiendo hasta ahora. Para la patronal esto resulta "contraproducente" para su rehabilitación.

Alta en hospitales

En un comunicado de prensa, la patronal denuncia que la escasez de estas viviendas provoca que "muchas personas que tienen que recibir el alta en hospitales y que podrían ser atendidas y supervisadas estén siendo enviadas a sus casas sin poder acceder al servicio de atención que necesitan".

Por otro lado, Aerte tema que "personas que ya viven en estas viviendas y no tengan resuelta la prestación de dependencia vayan a tener que abandonarla porque se les aplique este nuevo tope de ayuda". A juicio de la entidad, se está "bloqueando el acceso al sistema de atención", pese a que Igualdad explica que el nuevo decreto ofrece más opciones a las personas con problemas de salud mental y más variedad de recursos más allá de las viviendas.

La patronal insiste en la solución de seguir cubriendo el coste total de las plazas en viviendas supervisadas, "más adaptadas a las necesidades de estas personas con un mayor nivel de autonomía y que las viviendas asistidas, con un mayor número de profesionales, sigan atendiendo perfiles con un requerimiento de apoyos más importante".

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