La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige Héctor Illueca, prevé publicar a mediados de octubre un decreto ley para regular la actividad de los grandes propietarios de vivienda, de los fondos de inversión y los fondos buitre, en el que se incluirán medidas como las expropiaciones temporales del uso de viviendas deshabitadas y sanciones de hasta un millón de euros por «acoso inmobiliario».
Este decreto ley con el que la Generalitat quiere llevar a cabo una «transformación estructural» del mercado inmobiliario, recoge y amplía medidas que estaban contempladas en principio en el anteproyecto de Ley de regulación de la actividad de los grandes tenedores de vivienda y del acoso inmobiliario. Con esta fórmula, la Conselleria opta por una tramitación más urgente para hacer frente a la actual inflación, la escalada de los tipos de interés y las consecuencias de la crisis energética y la guerra en Ucrania, agilizando los plazos para que esta respuesta llegue antes a las familias. La tramitación del anteproyecto de ley decae con esta normativa.
En una entrevista a Europa Press, Illueca ha asegurado que su conselleria va a ser «implacable» con «los fondos de inversión, los fondos buitre, con los actores que se están dedicando a especular con la vivienda a costa del derecho social a una vivienda digna de muchísimas personas».
Illueca ha explicado que este decreto ley será uno de los pilares fundamentales de la hoja de ruta de la Conselleria para el nuevo curso político, que se centrará en dar «una respuesta» a una situación económica «que va a ser muy difícil para las personas y colectivos más vulnerables».
El decreto ley contemplará «la expropiación temporal del uso de viviendas que se encuentren deshabitadas de los grandes fondos de inversión, de los fondos buitre»; además, «se va a introducir la obligación de ofrecer contratos de alquiler asequible a familias vulnerables» e incluirá «obligaciones en materia de registro, también de los fondos de inversión de grandes propietarios de vivienda para clarificar bien su intervención en el mercado inmobiliario».
Asimismo, incidirá en el «acoso inmobiliario» para «tipificar bien los comportamientos de acoso y establecer sanciones contundentes que pueden llegar a ser de hasta un millón de euros». Diferentes sanciones que pueden recaer en propietarios que realicen determinadas prácticas sobre sus inquilinos, independientemente de si son grandes tenedores.
La normativa busca evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad alquiladas en pisos de grandes propietarios, que deberán ofrecer un contrato asequible o una alternativa habitacional si hay una vulnerabilidad constatada.
Por otro lado, el vicepresidente ha explicado que la Conselleria seguirá ampliando el parque público y adquirirá 600 nuevas viviendas en lo que resta de legislatura, que se suma a las más de mil que se han incorporado.
