Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La hora de la verdad del caso Alquería

«Es un tema administrativo que nunca debería haber llegado a un juzgado penal», aseguran los acusados

Agentes de la Udef salen del Ayuntamiento de Ontinyent tras el registro en junio de 2018. | EFE/MANUEL BRUQUE

El caso Alquería llega a juicio tras tres años de instrucción y cuatro desde que se produjeran las detenciones de los principales investigados, el 27 de junio de 2018. La causa ha investigado a cargos del PSPV y Compromís por la presunta malversación en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de València, Divalterra (ya extinguida) y heredera de Imelsa, que fue uno de los epicentros del caso Taula.

El caso Alquería indagó sobre la presunta malversación y prevaricación supuestamente cometida por el expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a su círculo más cercano de colaboradores y otros cargos del PSPV y Compromís. En el punto de mira judicial están los contratos de alta dirección en Divalterra, realizados sin avales jurídicos según las acusaciones, que impulsaron Rodríguez y los exgerentes de Divalterra, Jose Ramón Tiller, Xavier Simón (ambos por el PSPV-PSOE) y Agustina Brines (Compromís) y que se repartieron ambas formaciones políticas.

Unos contratos que, según la Fiscalía Anticorrupción, supusieron un perjuicio a las arcas públicas de 1.122.095,80 euros. Y sirvieron para crear áreas de gestión «vacías de contenido» en las que únicamente figuraban los altos directivos, sin técnicos o personal a su cargo, según declararon testigos en la causa.

El juicio arranca mañana lunes y dedicará tres días a las cuestiones previas. Las declaraciones de los quince acusados en esta causa se prolongará durante ocho sesiones: del 26 al 29 de septiembre y el 2, 4, 5 y 6 de octubre. Si no hay demoras los testigos comparecerán del 10 al 2 de noviembre. Otros dos días (3, y 7 de noviembre) se dedicarán a periciales y ocho jornadas del 10 al 25 de noviembre se emplearán en conclusiones con los informes de las tres acusaciones y 15 defensas.

Desde el entorno del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, aseguran que afrontan con «tranquilidad» el inicio del juicio en el que por fin, aseguran, podrán defenderse ante un tribunal. Consideran la vista «el final de una historia que nunca se debería haber producido» porque defienden que es una «causa administrativa que se debería haber dirimido en los tribunales administrativos. No hay nada más en esta causa. Ni paraísos fiscales, ni mordidas, ni cohechos. Es un tema sencillo y administrativo: si los contratos [de altos directivos] estaban bien o mal hechos. Todo lo demás es una novela. Ha llegado el momento en el que la verdad se abre camino».

Compartir el artículo

stats