Las declaraciones de los catorce acusados en el caso Alquería, que juzga una presunta malversación en Divalterra por la contratación de nueve altos directivos entre cargos del PSPV y Compromís, han quedado esta mañana en el aire hasta que los magistrados decidan cuándo se celebrarán. Una decisión que comunicarán cuando se retomen las sesiones el próximo lunes 26 de septiembre.
La tesitura es si los acusados declaran al principio del juicio, en ocho sesiones del 26 de septiembre al 6 octubre, tal como pactaron acusaciones y defensas con los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València. O al final de la causa, como han solicitado las defensas al iniciar el juicio en la fase de cuestiones previas. La Fiscalía Anticorrupción se opone a modificar este calendario que las mismas defensas habían aceptado de forma previa.
La magistrada de la sección primera que preside el juicio del caso Alquería sí adelantó que, si se acepta retrasar las declaraciones de los acusados, las de los testigos, previstas a partir del 10 de octubre, se mantendrán. Una decisión que provocará la suspensión del juicio durante dos semanas. Y también que se retrase, más allá del 25 de noviembre, cuando estaba previsto que quedara visto para sentencia. En el caso de mantener las declaraciones al inicio como estaba previsto, éstas comenzarían el próximo lunes.
El próximo 26 de septiembre el tribunal también responderá, de forma motivada, a todas las peticiones realizadas por las defensas, como retrotraer la causa a la instrucción, expulsar a las acusaciones populares (PPy Acción Cívica) o que se unifiquen en una única acusación. Las acusaciones también han solicitado rechazar la pericial de Cosital presentada por Jorge Cuerda, el exsecretario del consejo de administación de Divalterra, el hombre de confianza de Jorge Rodríguez en la empresa pública, de la que se hizo cargo con una gestión personalista y de la que sólo rendía cuentas ante el equipo de Rodríguez.
Hoy se ha celebrado el segundo día de cuestiones previas del juicio. El abogado Manolo Mata, ex síndic del PSPV en las Corts, ha planteado once cuestiones previas a la causa judicial que considera "una pieza separada de una causa general contra la política democrática valenciana. Se están cambiando instituciones públicas y deteniendo a personas sin que sepamos muy bien por qué«, ha lamentado tras cuestionar el origen del procedimiento del caso Alquería, iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que recayó en el Juzgado de Instrucción 9 de València.
Mata, que se ha sumado a las peticiones de retrotraer la causa al inicio de la instrucción, cuando se levantó el secreto del sumario, o la absolución de los acusados, ha incidido en la "perplejidad" de las defensas al ver cómo uno de los quince acusados iniciales por las acusaciones populares, aunque en este caso no porla Fiscalía Anticorrupción, consiguió ayer la absolución "in voce" al retirar las acusaciones contra él. "Si se ha retirado la acusación contra una persona contratada en las mismas condiciones que las demàs, ¿Qué hacemos aquí?", se ha preguntado. Mata defiende al exalto directivo de Divalterra, Víctor Jiménez, exalcalde de Rocafort y persona de confianza de José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia y exjefe de gabinete de Rodríguez al inicio de su presidencia en la Diputación de València, que estuvo contratado apenas treinta días y que renunció voluntariamente, sin finiquito, a su contrato el 31 de marzo de 2018.
El abogado Jimenez también ha solicitado que se expulse a las acusaciones populares de la causa, que ejercen el Partido Popular y Acción Cívica contra la corrupción porque, ha insistido Mata, "los grupos políticos no tienen personalidad jurídica, ni tampoco legitimidad en este caso", y ha calificado de "insólito" el hecho de que se aceptase la personación del PP (el grupo de la Diputación de Valencia) estando la causa secreta. También ha criticado que el caso Alquería ha supuesto una "investigación prospectiva", porque se solicitaron "todas las titularidades de los investigados" por si "pudiesen haber cometido otros delitos con los sueldos que percibieron de Divalterra", la antigua Imelsa y empresa pública de la Diputación. En consecuencia, ha pedido la nulidad de los autos que propiciaron esas pesquisas.
