El Botànic no tocará el impuesto de Patrimonio pese a la ofensiva fiscal lanzada por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Así se desprende de las declaraciones que ha realizado este martes Ximo Puig en una entrevista en TVE, donde ha rechazado suprimir esta tasa que grava el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los ciudadanos en la Comunitat Valenciana por suponer un "desarme" de la caja pública y no tener efectos en los sectores más necesitados. El candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón, sí incluye esta medida en su programa.
El president da así algunas pistas de por dónde pueden ir los tiros de la reforma fiscal valenciana anunciada a inicios de septiembre y que casi con total probabilidad será concretada el próximo martes en el debate de política general.
Según Puig, el modelo fiscal "no es neutral" porque supone que la Administración disponga de "menos recursos" públicos, lo que a su vez se traduce en "beneficiados y perjudicados".
Por ello, ha pedido actuar con "máxima responsabilidad" porque modificar impuestos, ha dicho, es una tarea que requiere "rigor" y "saber a quién se le bajan". Esa labor de cirugía fina es precisamente en lo que pusieron el foco los socios del PSPV tras el anuncio de la reforma fiscal de Puig.
Tanto Compromís como Podem reclaman a los socialistas huir del modelo madrileño o andaluz de una reducción generalizada y piden que se centre en aliviar a las familias más necesitadas. Asimismo, igual que con los presupuestos autonómicos de 2023, exigen una negociación a tres voces.
Así, el objetivo del Consell es, según su líder, "ayudar a las clases populares a pasar el otoño y el invierno", un objetivo para el que entiende que "un desarme fiscal" no sería la "vía correcta". En ese sentido, ha hecho referencia a la reforma impulsada en el primer mandato del Botànic, cuando según Puig se bajaron impuestos "a un millón y medio de valencianos" y se subieron "a quienes más recursos tenían".
Contra el 'dumping fiscal'
El president de la Generalitat sí que se ha abierto a una "cierta armonización" fiscal a nivel nacional, revisando "impuestos deslocalizables" porque "puede llegar el caso de que haya 'dumping fiscal' en España", ha asegurado.
El Consell ha situado en numerosas ocasiones el foco sobre Madrid en este sentido, a quien acusa de fomentar una competencia desleal entre autonomías aprovechándose del efecto capitalidad, lo que le permite rebajar al mínimo su carga impositiva y atraer así a grandes fortunas.
Una modalidad a la que ahora parece querer sumarse Andalucía. El presidente Juanma Moreno (PP) lanzó este lunes una reforma fiscal centrada en traer de vuelta esos grandes capitales que tributan en Madrid por las mejores condiciones fiscales, eliminando el impuesto de Patrimonio a las 20.000 mayores fortunas andaluzas, que dejarán de pagar 120 millones de euros, y bajando el IRPF.
En territorio valenciano, Mazón parece abogar por una línea similar a la de Moreno. Hace un año lanzó una propuesta fiscal que incluye la bonificación total de este impuesto, así como fuertes rebajas en sucesiones y donaciones. En total, el PPCV asegura que los ciudadanos y las empresas dejarían de pagar en torno a 1.530 millones de euros.
