Conselleria de Vivienda dará ayudas al alquiler a las personas que estén en el registro de demandantes de vivienda pública y no tengan una adjudicada una en seis meses. La Generalitat ha rectificado tras una queja de oficio del Síndic de Greuges y se ha comprometido a cambiar el reglamento de las ayudas que aprobó el año pasado.
El departamento dirigido por el conseller Héctor Illueca también cambiará el sistema de inscripción para demandantes de vivienda pública, otra de las cuestiones que criticó el Síndic. El organismo, dentro de la queja, también denunciaba que solo era posible apuntarse por internet, lo que a su juicio dejaba fuera de las ayudas a muchas familias vulnerables que quizá no tienen los conocimientos o la conexión a internet en sus casas.
Vivienda también ha rectificado y ha anunciado que lo solucionará para que cualquier persona pueda acudir a una oficina a tramitar la prestación. Para poder registrarse o demandar las ayudas se podrá acudir a los servicios territoriales de la Conselleria, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la xarxa Xaloc y los servicios municipales de cualquier localidad.
Los últimos casos publicados por este diario hablan de 4.300 personas en el registro de demandantes de vivienda pública, a la espera de una alternativa habitacional. Muchas de ellas llevan esperando más de seis meses. Vivienda, en la resolución del Síndic, ha explicado que también informará a los demandantes del estado de su petición.
La queja de oficio se abrió en noviembre de 2021 después de que algunas entidades como Cáritas Diocesana de València denunciaran que muchas familias se estaban quedando fuera de las ayudas al activar solo la vía telemática. Así que el organismo dirigido por Ángel Luna decidió poner en marcha una investigación al considerar que esto no cumplía con lo escrito en la Ley de Función Social de la Vivienda.
Ley de función social de la vivienda
Esta ley, aprobada en 2017, contempla en su artículo 6 que "si transcurrido el plazo de seis meses previsto en el apartado anterior (estar en el registro de demandantes) o en su caso el plazo de ampliación excepcional [...] no se hubiera dictado resolución, se entenderá otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo". Es decir, Vivienda modifica el reglamento para ajustarse a la ley aprobada hace cinco años, y que considera silencio administrativo positivo una demora de seis meses.
El Síndic ha explicado en un comunicado que "una vez que la persona en situación de vulnerabilidad ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el abanico de acciones y ayudas disponibles para satisfacer cuanto antes el derecho a una vivienda digna y asequible". Ahora mismo, uno de los principales problemas sigue siendo las dificultades en el empadronamiento para muchas personas, que hacen complicado pedir ayudas.
En su respuesta a las consideraciones del síndic de Greuges, Ángel Luna, la consellleria de Vivienda asegura que "antes de que se cumplan los seis meses, en concreto los 175 días desde la presentación de la solicitud, sin que se haya satisfecho la demanda con la adjudicación de una vivienda adecuada, se comunicará a la persona solicitante, de forma razonada, cómo se va a solucionar su problema habitacional".
Además, en la resolución de cierre también consta que la conselleria ha aceptado realizar las actuaciones necesarias para que, en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana correspondientes a 2023, se contemple fortalecer las dotaciones económicas destinadas a asegurar la efectividad del derecho a la vivienda, fundamentalmente a través del incremento del parque de vivienda pública en el sentido ordenado por la ley de función social de la vivienda.
Fuentes de conselleria de Vivienda afirman que ambas sugerencias del Síndic les han parecido "oportunas" y por eso las han aceptado. Afirman además que son útiles para "mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía, hacer más accesibles las políticas de vivienda y, en definitiva, dar una respuesta más eficaz a la hora de garantizar el derecho a una vivienda digna".
