Sin acuerdo más allá de la necesidad de encontrar una solución y de que, para ello, se volverán a reunir la próxima semana. Ayuntamientos, Generalitat, peñas taurinas y aseguradoras siguen deshojando la margarita de cómo abordar el problema de las pólizas de seguro de los bous al carrer que, ante el incremento de la siniestralidad del último verano, se niegan a expedir coberturas ilimitadas, poniendo en jaque estos festejos.
Los agentes implicados, con ayuntamientos y peñas como organizadores, compañías de seguros como prestadora de servicios necesaria para la celebración de los actos y la Generalitat como mediadora, se vieron las caras ayer en la sede de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en una primera toma de contacto en la que explorar las vías para desenredar una cuestión totalmente atascada. Y las posibles salidas no parecen sencillas, al menos, a corto plazo.
Entre ellas, y como novedad respecto a la anterior reunión hace siete días en Burriana, fue la petición de «cambios legales» en el decreto de la Generalitat de 2015 que regula la celebración de estos festejos. En concreto, los ayuntamientos pidieron que se eleve la cantidad mínima que deben cubrir las aseguradoras que hacen frente a los posibles accidentes en estos eventos.
Este mínimo legal se encuentra actualmente en 6.000 euros. Es decir, las compañías aseguradoras deben atender, como mínimo, hasta 6.000 euros de gastos farmacéuticos y sanitarios en caso de un accidente en estos actos taurinos. Si los gastos sanitarios son superiores, ya dependería del tipo de seguro que se haya contratado, aunque con los problemas que están alegando las empresas de ofrecer los «a todo riesgo» habituales, ese mínimo se convierte en una cuantía que los ayuntamientos consideran insuficiente.
Elevar este mínimo conllevará aumentar las pólizas. El problema, desgranan fuentes de los municipios afectados, no es tanto que suban las cuotas que reclaman los seguros para su contratación sino que estos se nieguen a hacer coberturas incondicionales. Las aseguradoras llevan indicando la falta de rentabilidad debido al incremento de la siniestralidad. «Hay más gente y más ganas», justificaron ayer las compañías para explicar el por qué han aumentado los precios.
Ninguna de las voces intervinientes en la reunión especificó una cantidad adecuada a partir de la que se podría considerar adecuado el mínimo. Pero indicaron que 6.000 euros son totalmente insuficientes y que a la mínima que haya alguna asistencia sanitaria este mínimo se sobrepasa, lo que obligaría al consistorio o a la peña que organiza el festejo a asumir el sobrecoste. Aumentar el mínimo daría más cobertura a los municipios ante posibles incidentes que atender.
El incremento de este mínimo legal se añade a otras propuestas situadas encima de la mesa a lo largo de las últimas semanas. Entre estas está que fueran las diputaciones las que asumieran el aumento del coste de las pólizas, un planteamiento que ha sido encajado de manera diferente por las corporaciones provinciales, así como que sea la Conselleria de Sanidad la que aumente su participación en la atención de heridos.
De hecho, sobre la Administración autonómica han puesto el foco algunos ayuntamientos en la reunión de este jueves. No han sido pocas las voces que han reclamado este apoyo extra por parte del departamento que dirige Miguel Mínguez, algo por lo que se les ha reclamado una reunión en las próximas semanas. El ejemplo señalado es el de Navarra y Aragón donde es la sanidad pública la que cubre los incidentes en los encierros de estas autonomías.
Todos los participantes han coincidido en la necesidad de "centrar la discusión en lo importante: la necesidad de acordar medidas aseguradoras que cubran unos festejos con un arraigo tradicional de gran importancia en nuestra comunidad". Según las fuentes, el acercamiento entre festeros de "bous al carrer" y aseguradoras "ha sido evidente en una mesa de diálogo que nace con la voluntad de celebrar fiestas seguras y desde el respeto a las tradiciones".
Al mismo tiempo, se ha reconocido que la voluntad existe pero que el proceso de acuerdo "requiere de entender las posiciones, intereses y prioridades de las entidades participantes". Este encuentro celebra el primer acercamiento entre instituciones públicas, aseguradoras y peñas para abordar todo aquello que concierne a la protección y seguridad de las personas.
