Una de las dos partidas reivindicativas con las que el tripartito valenciano estiró los presupuestos del año 2022, actualmente en vigor, volverá a incluirse en las cuentas de 2023. Y todo apunta que la otra, también aunque será uno de los puntos fuertes de la negociación en el seno del Consell que aún no ha comenzado.
La que se mantendrá sin duda es la de 1.336 millones a cuenta de la infrafinanciación, convertida ya en una seña de identidad del actual Consell. Mientras persista el problema del reparto de los recursos públicos en España, el Consell del Botànic mantendrá la reclamación de ese dinero en los presupuestos autonómicos, una partida que ya implantó el PP en las últimas cuentas de Alberto Fabra como presidente. Este año volverá a aparecer, aunque son fondos que nunca se van a recibir porque el Gobierno en ningún caso incluye un apunte con esa cantidad en los presupuestos del Estado.
Pero el año pasado el Consell rizó el rizo y para cuadrar las cuentas incluyó otra partida 'ficticia', como las denomina la oposición, de mil millones de euros, que denominó 'fondo de transición hacia la nueva normalidad'. Sin embargo, la nueva normalidad ya está aquí, es más dura de lo que se preveía por la guerra de Ucrania, y aquella partida de mil millones, que tenía como antecedente legal el fondo covid que el Gobierno transfirió en su momento para hacer frente a la pandemia ya no podrá incluirse, en principio con esa denominación. Si se inserta o no en las cuentas y bajo qué nombre será uno de los grandes escollos de la negociación. Ya lo fue el año pasado.
La negociación no ha comenzado, ni hay convocatoria de reunión. La comisión política la presidirá como se ha publicado el conseller de Hacienda, Arcadi España, un cambio respecto al año pasado en la que no participó el entonces titular de Hacienda, Vicent Soler, que acabó bastante molesto con el funcionamiento de esa comisión, de la que no formaba parte.
La comisión volverá a intentar la cuadratura del círculo, cuadrar unas cuentas expansivas, que encaren el año electoral y en un contexto en el que todas las conselleries piden más recursos para acabar de rematar sus proyectos antes de la cita con las urnas.
Los partidarios de incluir de nuevo las dos partidas ficticias de 2.300 millones sostienen que es imposible atender los servicios públicos autonómicos sin ese dinero, lo que obligaría a cerrar colegios u hospitales antes de acabar el año mientras que la otra cara de la moneda es que son fondos destinados a gastarse pero a aumentar también la deuda y el déficit. El año pasado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya criticó esa forma poco ortodoxa de confeccionar los presupuestos que hincha los ingresos.
Además, el Consell incluirá de nuevo partidas que tienen después un dudoso cobro como la 'deuda histórica' que mantiene el Gobierno con el Consell por la aplicación de la ley de la dependencia que según la norma que la regula debería de abonar en un 50% pero su aportación no supera el 20%. No incluir ese dinero supondría que la Conselleria de Igualdad tendría que dejar de reconocer prestaciones de autonomía personal cuando se acaba la partida autonómica, algo que la conselleria que dirige la vicepresidenta Aitana Mas no está dispuesta a aceptar.
También se incluirá otra cantidad habitual para cuadrar las cuentas, la del denominado Foga histórico, el dinero que el gobierno valenciano ha pagado por la atención sanitaria de los desplazados de otras autonomías y que está pendiente de un ingreso del Gobierno. La cifra ronda los 700 millones.
El año pasado la negociación se atascó y en los últimos días la fumata blanca se retrasó incluso por encima del tiempo legal, el 1 de noviembre, fecha en la que el Consell debe haber llevado el presupuesto a las Corts. Lo hizo varios días después aunque las cuentas se aprobaron en diciembre en tiempo y forma como es habitual desde que gobierno el tripartito de izquierdas, PSPV, Compromís y Unides Podem.
La clave era un ajuste de alrededor de mil millones que acabó por solucionarse con la partida ficticia del mismo importe. Hacienda dejó claro que había que hacer ajustes, pero hubo resistencias hasta que se aprobó esa partida como fondo de transición hacia la nueva normalidad que permitió cuadrar las cuentas.
