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La reversión de la sanidad en manos privadas supondría al Consell un extra de hasta 170 millones

Es la estimación de las empresas de salud que apuntan a que gestionarlo todo de forma pública costaría un 25 % más | El 9 % del presupuesto valenciano de Sanidad se gestiona de forma privada entre hospitales bajo concesión, las ambulancias, la derivación de operaciones y la hemodiálisis, por ejemplo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer en el pleno del Congreso que dio luz verde a tramitar la ley de cohesión. J.J.Guillen

Blindar la sanidad pública, que todos los españoles tengan acceso a la misma cartera de servicios y eliminar los copagos. El nuevo proyecto de ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, o ley Darias, que ayer recibió luz verde en el pleno del Congreso de los Diputados para seguir con su tramitación quiere dar mayor cohesión a un sistema sanitario desmembrado en diecisiete y, de paso, aplicar los preceptos de universalidad y gestión pública que ya sentó en su fugaz paso por el Ministerio de Sanidad, la exconsellera Carmen Montón.

De hecho, la nueva ley "bebe" en muchos casos de iniciativas que ya están en marcha en la C. Valenciana como la eliminación de los copagos o la universalidad y también prima, como se ha hecho en la legislación valenciana por la gestión directa de la sanidad. Quitar, sin embargo, cuota de mercado a la sanidad privada o reducir al mínimo la colaboración público-privada que hay actualmente podría suponer un sobrecoste para las arcas públicas, también para la valenciana, pese a que se ha venido trabajando desde la llegada del Botànic en "recuperar" espacio de gestión sanitaria pública.

Esa es la advertencia que han hecho desde la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que aglutina al sector sanitario privado, y que ha presentado un extenso informe posicionándose en contra de lo que puede traer la nueva ley. Según la entidad privada de aplicarse de forma férrea esta ley y eliminar toda colaboración podría llegar a suponer entre 1.200 y 2.700 millones de euros de sobrecoste a nivel estatal, según si se apuesta por reducir o eliminar del todo el peso que tiene la sanidad privada, además de un incremento de las listas de espera. Extrapolando datos a la C. Valenciana el coste extra fluctuaría entre 95 y 170 millones de euros.

Y es que la sanidad privada considera que tanto las pruebas como las noches de hospital y otros servicios que ahora se gestionan por la privada se hacen a menor coste por lo que recuperar todo a manos públicas costaría al menos un 25 % más. En la C. Valenciana y según refleja el informe, en 2020 el 8 % del presupuesto sanitario, unos 590 millones de euros, aún se gestionaba con medios ajenos o externalizados. La cifra, sin embargo se eleva al 9 % del presupuesto total de Sanidad (de más de 7.500 millones de euros) si se añaden los 90 millones de euros que cuesta anualmente el servicio de las ambulancias, también externalizado.

Tres departamentos de salud bajo gestión privada

Es mucho más de lo que a día de hoy quisiera tener el Consell. Uno de los primeros objetivos que se planteó el primer Botànic en 2015 fue el de acabar con el modelo Alzira (el poner en manos de la privada departamentos de salud enteros). Sin embargo, el Consell de Ximo Puig ha tenido que ir esperando en estos siete años a que fueran acabando los contratos con Ribera Salud para hacerse con la gestión de la Ribera primero y de Torrevieja después para evitar el pago de indemnizaciones.

Pese al avance (en el que Puig quiere seguir ahondando si volviera a ganar las elecciones) lo cierto es que las concesiones sanitarias aún tienen peso específico en las cuentas sanitarias valencianas: más de 450 millones anuales con cifras de 2021 de la Conselleria de Sanidad para sufragar las tres que quedan en marcha, Dénia, Manises y Elx-Crevillent.

La estimación de sobrecoste la ha realizado la sanidad privada, por lo que puede contener un sesgo, pero lo que sí es cierto es que la gestión directa o indirecta de departamentos de salud de tamaño parecido conlleva una diferencia de presupuesto y se ha visto tras las reversiones de la Ribera o Torrevieja: Sanidad ha tenido que suplementar con más dinero para llegar a dar el mismo servicio en algunos casos.

Una ambulancia cerca del Hospital la Fe en València. MAMontesinos

Concesiones vetadas, ¿plan de choque también?

Este sería, en puridad, la parte de gestión privada con la que busca acabar la ley Darias: un servicio público que se desgaja y queda en manos privadas de forma completa pero la aplicación de la ley al resto de ámbitos externalizados no estaría tan clara. En esa otra bolsa quedarían los contratos de servicios como las ambulancias, la hemodiálisis, las operaciones que se envían a la privada en el llamado 'plan de choque' o incluso los servicios no asistenciales como lavandería, limpieza, seguridad o mantenimiento de centros sanitarios que están privatizados.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad evitaron ayer pronunciarse de forma oficial sobre el impacto de una ley que, en realidad, todavía no tiene ni un articulado definido y que aún puede variar. Con todo, en el seno de la conselleria que dirige Miguel Mínguez ponen la línea roja en las concesiones de departamentos de salud del modelo Alzira pero entienden que otros servicios externalizados quedarían fuera de la ley.

De hecho, una primera redacción del anteproyecto apuesta por la gestión preferente de la sanidad por la vía pública pero deja como recurso excepcional en el que apoyarse el sector privado. Eso sí, justificando que se usan convenientemente los recursos públicos y que hay necesidad de apoyarse en la privada porque no se llega a todo.

Siguiendo esta línea quedarían justificados, por ejemplo, el plan de choque y las derivaciones de operaciones a la privada, que se han duplicado en el último año en un intento por controlar las listas de espera. La conselleria mantiene el control sobre la lista y a quién se opera pero se envía fuera el exceso de trabajo. Entre dos aguas quedarían servicios ahora externalizados como el de hemodiálisis (que según el informe suponen un presupuesto de 49 millones de euros) ya que la gestión sí es directa en algunos departamentos o el de las ambulancias (con un coste anual de 90 millones de euros), por ejemplo.

Para la conselleria, de esta forma, conforme está planteada ahora la ley, su impacto se circunscribiría al calendario de trabajo que ya tiene el Consell sobre la mesa. Acabar con el modelo Alzira.

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