El requisito lingüístico encalla en el Consell

Ni para delante ni para atrás. El requisito lingüístico continúa parado en el seno del Consell en una pugna entre PSPV y Compromís. Ni la modificación de la Ley de Función Pública para adaptar la norma a la legislación estatal sobre los interinos ha logrado desencallar una de las piedras en el zapato del Botànic desde su creación, un asunto en el que los socios han chocado en numerosas ocasiones sin llegar a una resolución.

El pleno del Ejecutivo acordó el este viernes el cambio de la legislación de empleo público para adaptarla a los decretos de estabilización y al acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, asuntos que llevaban meses pendientes, pero ni rastro de un acuerdo en el nivel de valenciano que se le debe exigir al funcionariado para formar parte de la Adminsitración autonómica.

«Siguen las conversaciones», aseguró ayer la vicepresidenta Aitana Mas quien deseó que haya un acuerdo pronto. El choque es entre PSPV y Compromís. En la coalición valencianista cargan las tintas contra la consellera Gabriela Bravo y su propuesta de que se pida el B2 , un nivel inferior al ‘mitjà’, hoy C1, el máximo nivel que se puede acreditar por el sistema educativo. En mayo se produjo el último episodio y desde entonces el asunto ha quedado encallado en esa divergencia de opiniones entre los socios.

Mas defendió este viernes la posición que antaño había asumido su predecesora Mónica Oltra y que tiene su formación. "No podemos ir a peor", indicó este viernes en referencia a que no se puede bajar el nivel de valenciano exigido al alto funcionariado, el punto en el que choca con Bravo y su propuesta donde este nivel sí que desciende. "Es una posición que compartimos en todo el gobierno", añadió aunque existan diferencias al respecto con los socialistas.

Sin embargo, la vicepresidenta evitó avivar las tensiones e indicó que las conversaciones continúan "para lograr un acuerdo en el que todo el mundo se sienta cómodo". "Lo que saldrá será más consensuado porque lo habremos hablado más", expresó.

Por otra parte, con la modificación acordada en la Ley de Función Pública se da cumplimiento también a los acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat respecto a la normativa autonómica en materia de Función Pública.

En esta, se modifica la disposición transitoria decimotercera para permitir, en los procesos de estabilización de empleo temporal, la inclusión en bolsas de trabajo ya existentes a aquellos interinos que, habiendo participado en un proceso de selección de personal, no lo hayan superado y haya sido cesado del puesto que ocupaba.

Por otra parte, se modifican también dos apartados del artículo 104 para recalcar que la Escola Valenciana d'Administració Pública será el centro encargado de gestionar, no solo las acciones formativas de la Administración de la Generalitat, sino también de todo su sector público instrumental, así como su papel coordinador de las acciones formativas planificadas por los otros centros de formación de personal empleado público existentes en la Generalitat. Asimismo, el decreto ley establece que el nombramiento de personal interino para puestos vacantes tendrá una duración máxima de tres años.