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Más de 200 sanciones en apenas 9 meses por vulnerar la normativa antiincendios

La Conselleria de Transición Ecológica recibe 302 denuncias en lo que va de año, la mayoría por quemas incontroladas y fuera de horarios fijados o por actividades con material pirotécnico, en puntos susceptibles de originar desastres naturales

Más de 200 sanciones en apenas 9 meses por vulnerar la normativa antiincendios

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha recibido en los tres últimos años 1.029 denuncias por vulnerar las normas antiincendios. En lo que va de 2022, además, se han puesto en conocimiento de la Administración un total de 302 infracciones cuando aún faltan tres meses para que concluya este y se han iniciado 211 expedientes sancionadores. Quemas incontroladas o fuera de los horarios establecidos, así como actividades con peligroso material pirotécnico copan los incumplimientos.

Los agentes ambientales, en mayor medida, seguidos por agentes del Seprona, Policía Local, Policía Autonómica y los guardias rurales son los grandes custodios del monte valenciano. Entre las actividades no permitidas en terrenos forestales destacan también las talas indiscriminadas y sin autorización, o las intervenciones con maquinaria que pueda acabar desencadenando alguna chispa y el consiguiente fuego. Así se han originado no pocos de los peores desastres en España en las últimas décadas.

Las negligencias (24,58 %), además de los rayos (26,25 %) y la intencionalidad (33,3 %), estuvieron en 2021 detrás de la mayoría de fuegos en los montes valencianos como recoge el boletín Espurna que edita con carácter mensual la Generalitat. Las causas desconocidas representan un 6,25%. El balance de ese ejercicio se saldó con 784 hectáreas calcinadas.

Situación bien distinta ha sido la de este verano que concluyó el pasado viernes, donde solo en el megaincendio de Bejís las llamas arrasaron cerca de 20.000 hectáreas. En el de la Vall d’Ebo, mientras, se perdieron un total de 12.150 h, con un impacto ecológico cuyas consecuencias ahora analiza el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y que se abordarán en la mesa postincendio fijada para el próximo miércoles.

Los propietarios de terrenos forestales y entidades locales de cada demarcación tienen la obligación de adoptar y ejecutar las medidas incluídas en los planes locales de prevención. Tampoco está permitida la destrucción de especies con un régimen especial de protección.

Las multas oscilan entre los 100 euros la más leve a los 1.000 la grave, e incluso 100.000 euros la muy grave, tal como contempla la Ley Forestal Valenciana. La normativa autonómica de 1993, con una última modificación de 2018, recalca que sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan siempre que sea posible la reparación del daño causado y la reposición a su estado original.

El objetivo no es el afán recaudatorio, como inciden desde el departamento que dirige Mireia Mollà, sino la restauración de los ecosistemas a la situación previa a los hechos. Los expedientes sancionadores son el último estadio de un proceso administrativo que la falta de medios y personal acaba demorando en exceso.

Repoblaciones forestales para adaptarse al cambio climático en un centenar de municipios

La Generalitat Valenciana tiene previstas inversiones por más de 54 millones de euros para actuaciones de restauración forestal en hasta un centenar de municipios afectados por grandes incendios, especialmente los acaecidos en los años 1994 y 2012.

El objetivo, según el departamento que dirige Mireia Mollà, es el de aumentar la estabilidad de las masas y aumentar la diversidad vegetal para avanzar hacia una renaturalización que permita una mayor autoprotección. El objetivo no es otro que contribuir a la necesaria adaptación al cambio climático.

Con casi 48 millones procedentes de los Fondos Feder y otros 5,5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha habilitado la Unión Europea, otra de las líneas de inversión es la destinada a la planificación y ordenación de los montes de utilidad pública para garantizar una gestión sostenible. Pero también se llevan a cabo trabajos para el acondicionamiento y apertura de zonas de acampada.

En el listado de intervenciones figuran en lugar destacado los Serranos, con diez millones de euros para localidades como Andilla (4 millones), Chelva (1,2) o Domeño (1,2). Comarcas como la Plana de Utiel-Requena se lleva 5,3 millones.

Incendios recurrentes

Con cifras parecidas se sitúa La Hoya de Buñol o el Alto Palancia, con municipios como Bejís o Jérica, afectados de forma recurrente por los incendios, como ha ocurrido desgraciadamente de nuevo este verano.

La necesidad de efectuar una gestión realista y sostenible del monte es una de las grandes reclamaciones de la Asociación de Municipios Forestales Valencianos (Amufor) presididad por Consuelo Alfonso, alcaldesa de Andilla. La reivincidación es compartida por la Plataforma Forestal Valenciana, que coloca sobre la mesa de forma periódica la necesidad de aplicar una adecuada selvicultura o poner en marcha planes de recuperación de cultivos abandonados en terrenos forestales como gran barrera frente al fuego.

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