"Planteamiento erróneo", "ataque frontal a los derechos de la mujer" o "lo único que ha conseguido ha sido enfrentar y dividir al movimiento feminista". Son las palabras con las que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se refirió a la Ley Trans elaborada por el Ministerio de Igualdad y que han levantado una polvareda tremenda en el espacio progresista en general así como en el seno del Botànic como punto en particular. E incluso en el propio Partido Socialista.
Más de 48 horas después de la intervención de Bravo en el Feminario organizado por la Diputación de Valencia continúan las reacciones con críticas cruzadas entre representantes de asociaciones y partidos vinculados, de una u otra manera, con el ideario feminista. Las redes sociales y los comunicados de prensa son el espacio en el lanzar las réplicas y contrarréplicas en un asunto que provoca calificativos duros entre socios de gobierno y hasta compañeros de partido.
Quien más se ha expresado en este sentido ha sido Compromís que ha cargado contra la consellera y ha recordado que el Consell aprobó la ley trans valenciana en 2017, una normativa que salió del departamento que entonces dirigía Mónica Oltra. "Hace cinco años aprobamos la Ley Trans más avanzada del Estado, blindar los derechos humanos y las libertades es el primer paso", ha expresado este fin de semana en su Twitter la vicepresidenta Aitana Mas quien ha evitado mencionar de manera directa a su compañera de Consell.
Más duros han sido otros representantes de la coalición. "La transfobia del PSOE supera lo permitido", criticó en Twitter el senador de Compromís, Carles Mulet, en referencia a Bravo y ha considerado "inaceptables" sus palabras. "Consellera, lo que es una aberración es intentar dividir al colectivo LGTBI para atacar a la parte más vulnerable como las personas trans", añadió en el mismo espacio el exsíndic de esta coalición, Fran Ferri. "Rectifique", le ha pedido la concejala en València, Lluïsa Notario, "la Ley Trans no pone en peligro nuestros derechos".
Pero la división no es solo entre socios de Consell sino en el propio PSPV hay discrepancias evidentes en torno a la ley y el derecho de la autodeterminación de género y su reflejo jurídico, uno de los puntos de choque entre posturas feministas. El sábado por la mañana, horas después de la intervención de Bravo acompañada de la exvicepresidenta Carmen Calvo la cuenta oficial de la Secretaría de Políticas LGTBI del PSOE se desmarcaba de las palabras de la consellera y señaló que estas "no representan la posición del PSOE".
También cargó contra Bravo el responsable de este área en el PSPV, Dammián López. "Es una vergüenza que un grupo de señoras "bien" con zapatos de 500 euros estén hablando de privilegios de personas trans que viven en la marginalidad, en muchos casos con problemas de necesidad básica humana, y encima nos llaman misóginos", ha señalado en su Twitter con un "hartos" como coletilla final. A ello se sumó la exdiputada Carla Antonelli, vinculada al PSOE quien dijo que le "revientan los oídos y da vergüenza ajena" la intervención de Bravo.
El choque traspasa de las refriegas partidistas y alcanza a las organizaciones vinculadas al feminismo y a los derechos LGTBI. Así, mientras la Federación de Colectivos Trans del Estado Español, conocida como la Plataforma Trans, ha pedido la destitución de la consellera y el colectivo Lambda ha preguntado a Puig si respalda las palabras de su consellera, la Federació de Dones Progressistes ha dado su respaldo a la Diputación de Valencia por la organización del Feminario "Mujer, Feminismo y Democracia" y "a todas y cada una de las participantes" en él.
La Plataforma Trans pide la dimisión de la consellera mientras una veintena de colectivos feministas lanzan su apoyo a Bravo
Para la Plataforma Trans, Bravo "aprovechó para lanzar informaciones falsas, como que la ley perjudicaba a las mujeres lesbianas 'porque las discriminaba' sin aportar en qué se fundamentaba para llegar a una conclusión tan alejada del articulado real que recoge la ley" y ha pedido también "depurar responsabilidades" a la diputada provincial de Igualdad, Isabel García, por la organización del Feminario ya que, según critican, en la jornada "se vertieron afirmaciones radicalmente contrarias a la defensa de la igualdad".
Por su parte, la Federació de Dones Progressistes "considera inadmisible que asociaciones que supuestamente defienden los derechos LGTBI o personas con cargos o voz destacada en partidos de izquierdas descalifiquen al conjunto del movimiento feminista o lo tilden de transfóbico sin más base que la inclusión en el programa de una mesa en la que expertas de reconocido prestigio hablaron sobre el concepto sexo y género (clave de bóveda para entender la discriminación que afecta a las mujeres de todo el mundo)".
El comunicado enviado por esta asociación lo suscriben una veintena de colectivos feministas como Front Abolicionista, Alanna o el Cercle Feminista y también el Espai Figa, un colectivo vinculado al espacio de Compromís. De hecho, una de sus integrantes es la exdiputada de Compromís por Castelló, Marta Sorlí, quien en un artículo hace dos semanas en el Diari la Veu, se mostró crítica con que se debatiera de urgencia esta norma en el Congreso y señaló que esta "se presenta como feminista y progresista, pero no deja de ser una machirulada".
