No son del todo extrañas las tensiones entre los partidos de la izquierda. La lista es larga en los siete años del Consell del Botànic o los tres de la coalición del Gobierno central: tasa turística, ampliación del puerto, ley de Vivienda... pero quizás el que más tensión genera y más eleva el tono de las acusaciones es el referente a la ley trans. El choque trasciende a los partidos, con evidentes divisiones internas, y afecta a asociaciones y entidades afines ideológicamente. Que la discusión se dé en el campo abonado por la crispación de las redes sociales tampoco ayuda.

El último capítulo estalló a partir de las declaraciones de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en el Feminario de la Diputación de Valencia. Bravo calificó la norma elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero de "planteamiento erróneo", "ataque frontal a los derechos de la mujer" o que lo único que ha conseguido "ha sido enfrentar y dividir al movimiento feminista". Las críticas a la ley no son nuevas de una parte del feminismo y del PSOE, pero las palabras de Bravo fueron contundentes contra esta.

El principal punto de discusión es la llamada autodeterminación de género. Los colectivos LGTBI consideran que este punto es la clave de bóveda de la norma ya que garantiza a las personas trans poder elegir el género al que quieren transicionar en los procedimientos jurídicos, como cambiarse el nombre, entre otros, sin necesidad de la validación médica, lo que según estos colectivos despatologiza el proceso.

Sin embargo, para una parte del movimiento feminista esto desprotege a las mujeres y cuestiona toda la legislación regulada en torno a ellas en materia de igualdad. Defienden que la lucha feminista se ha centrado históricamente en eliminar el género y que este tiene una perspectiva negativa y con esta norma, aseguran, se le da un significado "positivo" que va ligado a "identidad".

Las posiciones y consecuencias filosóficas y jurídicas de la ley, con todos sus matices, vicisitudes y dificultades, acaban en bronca y palabras gruesas y evidenciando la disputa dentro del campo progresista por este tema. Porque el choque se recrudece y alimenta entre partidos, cargos y asociaciones de izquierdas y que se consideran feministas. Las críticas son con palabras gruesas. Las acusaciones de ir contra el feminismo y la igualdad de las mujeres o de ser tránsfobas se entrecruzan.

Las costuras de la tensión se ven en varios niveles. Las palabras de Bravo provocaron una primera reacción a nivel interno. Saltaron los responsables LGTBI tanto a nivel federal (PSOE) como autonómico (PSPV) señalando que las tesis defendidas por la consellera no eran las del partido. El revuelo estaba armado entre socialistas con reproches duros. Dammián López, responsable de LGBTI de los del puño y la rosa, incrementó la crítica: "Es una vergüenza que un grupo de señoras "bien" con zapatos de 500 euros estén hablando de privilegios de personas trans que viven en la marginalidad, en muchos casos con problemas de necesidad básica humana, y encima nos llaman misóginos".

Las grietas también son entre partidos. Compromís ha criticado el posicionamiento de la consellera. "Hace cinco años aprobamos la Ley Trans más avanzada del Estado, blindar los derechos humanos y las libertades es el primer paso", indicó la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas. "La razón de ser del Botànic es defender los derechos de todas las personas, también el derecho de las personas trans con el reconocimiento de su identidad y expresión de género, quien defienda otra cosa se sitúa fuera del Botànic", señaló por su parte la síndica de la coalición, Papi Robles. Son solo dos de las voces más destacadas de la cascada de tuits y mensajes velados de los valencianistas a Bravo.

En Compromís, no obstante, no todas las voces son unánimes a favor de la ley trans. Esto enmarca con la tercera brecha: la de las asociaciones y colectivos afines a los partidos del Botànic. El Espai La Figa, vinculado a los valencianistas, se adhirió al comunicado de la Federació de Dones Progressistes (cercano al PSPV) que daba respaldo a Bravo y a sus declaraciones contra la ley trans y mostrando rechazando las críticas de transfobia. Este texto fue, además, firmado por una veintena de entidades como el Front Abolicionista o Alanna.

Enfrente, la Federación de Colectivos Trans del Estado Español, conocida como la Plataforma Trans, pidió la destitución de la consellera y el colectivo Lambda preguntó a Puig si respalda las palabras de su consellera. La trascendencia del debate a estas entidades evidencia que el choque va más allá de las lides partidistas (que son relativamente habituales y más cuando las urnas se acercan) y es una confrontación ideológica que salpica a espacios más amplios, aunque con el perjuicio concentrados en un punto: la izquierda.