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Tribunales

Los exgerentes de Imelsa declaran que los altos directivos se contrataron por criterios técnicos y no por ser del PSPV o Compromís

Agustina Brines y Josep Ramón Tiller también señalan al exdirector de los servicios jurídicos, José Luis Vera, como ideólogo de las contrataciones que se consideran presunta malversación

Josep Ramon Tiller y Agustina Brines, exgerentes de Imelsa-Divalterra Levante-EMV

Las declaraciones de los catorce acusados en el juicio del caso Alquería transcurren veloces debido a la estrategia de todos de sólo responder a las preguntas de sus abogados. En la quinta jornada del juicio celebrada ayer declararon los dos exgerentes de Imelsa (después Divalterra) y tres de los altos directivos contratados. Hoy se prevé que finalicen los últimos cuatro acusados.

Los gerentes de Imelsa-Divalterra nombrados en 2015, Josep Ramon Tiller y Agustina Brines, coincidieron en declarar que los altos directivos contratados se seleccionaron con criterios de capacidad y formación y no por criterios políticos, como defiende la Fiscalía Anticorrupción. Tanto Brines como Tiller, como el resto de acusados que ya han declarado, coincidieron en señalar al exdirector del área jurídica, José Luis Vera (el abogado cercano al PSPV-PSOE investigado en el caso Azud), como la primera persona que les habló de los contratos de alta dirección como fórmula idónea para las nuevas contrataciones de los responsables de área.

La primera en declarar, Agustina Brines (exalcaldesa de Simat de la Valldigna por Compromís), la única que lo ha hecho en valenciano, aseguró que al llegar a Imelsa en 2015 "no había cultura de empresa" y "existía una gran desconfianza, porque quien entraba echaba al personal anterior, había miedo e inseguridad, acababa de explotar el caso Imelsa, no entendíamos cómo abordar la situación", aseguró. Aunque cabe recordar que el caso Imelsa o caso Taula no "explotó" hasta el 26 de enero de 2016.

Brines justificó que se optara por los contratos de alta dirección "por la excepcionalidad de la empresa, para poner lineas en marcha y tener personas de confianza para saber qué estaba pasando", en una empresa en el epicentro del caso Taula, a la que ya investigaba la Fiscalía Anticorrupción, aunque entonces no se conocía el alcance de la investigación. Segun Brines las personas que finalmente seleccionaron, "vinieron cribadas de la Diputación [de València]. Yo lo que hice fue confirmar su experiencia y que cumplían los requisitos, revisé curriculums. las entrevisté y confirmé su formación y experiencia". Y ha añadido que nadie les advirtió de que la fórmula de altos directivos era ilegal. "Si alguien nos hubiera avisado, no se habrían hecho". También defendió que los dos denunciantes del caso Alquería nunca advirtieron de la ilegalidad. Y achacó algunos informes en contra que surgieron a que el segundo gerente por el PSPV que tuvo Imelsa/Divalterra (Víctor Sahuquillo, que declarará como testigo) "quería cambiar a dos personas que no eran de su afinidad y se puso a ver resquicios para ver si les podía despedir. Él por su cuenta pidió esos informes -en 2017- sin pasar siquiera por la mesa de contratación".

Tras Brines declaró Josep Ramón Tiller, que ha ostentado distintos cargos en el PSPV, ayuntamientos como el de Gandia y en la empresa privada y que sólo estuvo siete meses en la gerencia de Imelsa. Tiller también atribuyó a "la diputación" la que "nos conmina a dotar directores de las áreas y nos definen los criterios para nombrar a esas personas en base a su experiencia académica, profesional y confianza. Los sueldos serian los mínimos y, en caso de cesar el gerente, no se incorporarían a la empresa". Según el exgerente de Imelsa, "el primer contrato de alta direccion que veo es el que firmo yo. Y fue José Luis Vera quien me habló de los contratos porque eran menos gravosos para la empresa", respondió. También citó expresamente al exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez, José Manuel Orengo, para recordar que no puso pega ninguna a los contratos en un consejo de administración, "y me quedé tranquilo".

Tres de los exaltos directivos niegan haber sido "enchufados"


Tres de los exaltos directivos de Imelsa/Divalterra negaron ayer haber sido "enchufados" y defendieron no conocer a los responsables del proceso de selección y que realizaron trabajos concretos. Josep Lluís Melero, exconcejal de Compromís en Silla, explicó que cesó como personal laboral de la Diputación de València en junio de 2015 y que dejó su currículum en Imelsa el mismo día que cesó. Y que fue seleccionado como alto directivo por el gerente de Imelsa Josep Ramon Tíller y Carlos Marco (ahora subsecretario del Ministerio de Ciencia) "a los que no conocía". Melero dirigió el área de «promoción económica, innovación y proyectos de formación», con un sueldo de 53.819 euros. En su declaración defendió su labor en Imelsa. "Yo acudía a trabajar, soy honrado, no tengo nada que ver con Taula ni esos cuentos y monsergas. Fichaba a diario de 8 a 15 horas. Me encargaba de la coordinación de los agentes de desarrollo local y conseguimos trabajo a 520 personas, entre ellas veinte mujeres que lograron abandonar la prostitución".

Otra de las altas directivas, Soledad Torija, doctora en Ciencias Biológicas, responsable del área de Medio Ambiente de Imelsa-Divalterra explicó que también envió su currículo y negó conocer a nadie en la empresa antes de ser fichada y aseguró que "ni era miembro de ningún partido antes de trabajar en Divalterra, ni después". Torija defendió que trabajó en el 'Pacto de las alcaldías por el clima y la energía'» y que puso orden en el área de árboles monumentales donde "había gente que no fichaba, usaba coches de brigadas forestales de forma particular gastó 50.000 euros en 10.000 cipreses que se estaban muriendo en un vivero tras el proyecto fallido de que servían como barrera contra los incendios, una cuestión peligrosa porque no era cierto y tuvimos que informar a los ayuntamientos".

Por último, Raúl Ibáñez, el único que admitió cierta vinculación política, al haber entregado su currículum a Xavier Rius (diputado de Compromís) además de enviarlo a Imelsa, se encargó de la dirección de servicios generales y administración de Divalterra. Un área "transversal" en la que llegó a sustituir a José Luis Vera, durante la larga baja del exdirector jurídico. L. B. València

 

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