En cuestión de semanas han bajado impuestos varias autonomías del PP, la Comunitat Valenciana y el Estado. Pese a que los populares trataron de equiparar la rebaja valenciana con la de los territorios que gobiernan y Moncloa se enfadó por entender que la modificación rompía con el discurso del PSOE de no entrar en la carrera de descuentos impositivos generalizados por tocar el IRPF, finalmente el Ejecutivo ha optado por incluir también deducciones en este apartado.
Pero aunque el espíritu es similar, la letra pequeña de ambas reformas difiere. En primer lugar, por el nivel de rentas a las que afecta la rebaja. Mientras la rebaja del IRPF del Consell beneficia a las rentas de hasta 60.000 euros, el Gobierno ha situado esa franja sensiblemente por debajo, dejando la frontera en los 21.000 euros.
"No es casual", argumentó la ministra Montero sobre la cifra, ya que es la renta mediana de los trabajadores en España, por lo que aplica al 50 % de la población empleada.
Asimismo, la Generalitat mantiene la presión impositiva a partir de esos 60.000 euros, mientras que Hacienda ha anunciado que elevará el gravamen a las rentas del capital que excedan los 200.000 euros.
Impuesto a los ricos
En esa misma línea, también creará un impuesto temporal a las grandes fortunas. Afecta a riquezas de más de 3 millones de euros y busca dejar sin efectos prácticos las bonificaciones impulsadas por Madrid o Andalucía del impuesto de patrimonio, ya que en la tasa se podrá deducir este gravamen, eliminado en esos territorios.
Estos incrementos fiscales a las clases altas es lo que permite que el Gobierno eleve la recaudación en más de 3.100 millones de euros mientras la Generalitat ve recortados los ingresos en 150 millones.
No obstante, el objetivo del Botànic es diseñar ahora un impuesto autonómico a los ricos para nivelar la balanza y no perder recursos públicos.
