El Gobierno de España finalmente sí que bajará impuestos, al menos, de facto. Tras dos jornadas de críticas por parte del Ejecutivo central hacia el anuncio de rebaja fiscal anunciado el martes por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, durante el Debate de Política General en las Corts, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves la ampliación de los beneficios fiscales para las rentas bajas y medias en el IRPF.
En concreto, Montero ha señalado que esta bajada irá por dos puntos. Por un lado, se aumenta el mínimo del salario anual que queda exento de la tributación del IRPF. En este caso, se pasa de los 14.000 euros que suponía el mínimo de quedar exento del impuesto de la renta a los 15.000 euros, un cambio en el límite para "acompañar el aumento del salario mínimo", ha defendido la ministra.
Asimismo, por otro lado, también se incrementan los beneficios fiscales para las rentas de trabajo. Este pasa de aplicarse sobre los 18.000 euros anuales hasta los 21.000 euros, el que ha señalado "el salario mediano" en España. "Se busca beneficiar exclusivamente a los que más lo necesitan", ha indicado Montero quien ha añadido que con esta medida un trabajador que cobre 18.000 euros anuales se ahorrará unos 700 euros al año. En total, se ha indicado que se espera un ahorro de 1.800 millones de euros en total.
La representante del Gobierno de España ha diferenciado estos dos anuncios de las medidas llevadas a cabo por los gobiernos del PP en Andalucía y la Comunidad de Madrid. "No guarda relación", ha expresado Montero quien ha especificado que a diferencia de las deflactaciones de estas dos autonomías, la propuesta del Ejecutivo estatal no supone un descenso de los impuestos para todas las rentas como sí lo son en Andalucía y Madrid. "No es una rebaja generalizada de impuestos", ha señalado.
En sus declaraciones no ha hecho ningún tipo de mención a la Comunitat Valenciana y a la reforma fiscal realizada por Puig. Sí que hay menciones veladas. "Las comunidades no deben entrar en una carrera por bajar impuestos, pero cada uno tiene sus competencias constitucionales y las ejerce como considere", ha indicado Montero. De hecho, estos dos retoques sobre el impuesto de la renta, según admitió el miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una entrevista la SER, se había puesto encima de la mesa "en las últimas horas", tras el anuncio de Puig.
A estas dos medidas que afectan a las rentas más bajas, a diferencia de las descritas por el 'president' de la Generalitat que llegan hasta los 60.000 euros, Montero también ha anunciado un descenso del impuesto de sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros al pasar del 25 al 23 %. "No hay mejor defensa de la clase media y trabajadora que defender los recursos y los servicios públicos", ha añadido Montero quien ha criticado a los "chamanes" fiscales.
Estas reducciones tributarias, no obstante, se complementan con otros aumentos fiscales y la creación de un nuevo impuesto: el de solidaridad para las grandes fortunas. Este nuevo tributo busca ser un complemento al Impuesto de Patrimonio que algunas autonomías han eliminado. Así, Montero ha detallado que este impuesto lo abonarán los contribuyentes con una riqueza superior a los tres millones de euros y en el que será deducible la cantidad abonada en Patrimonio en las autonomías para "evitar la doble imposición".
Esta medida es una forma de armonización fiscal, una reivindicación que viene de lejos desde el Consell para evitar el 'dumping' fiscal, la competición a la baja de impuestos que lleva a la fuga de capitales a los territorios donde el impuesto de patrimonio está bonificado como Madrid. Este tributo será temporal, para 2023 y 2024, y se tributará al 1,7 % para aquellas personas que cuenten con una riqueza de entre 3 y 5 millones; hasta los 10 millones se tributará al 2,1 % y por encima de los 10 millones será al 3,5 %. Afectará, previsiblemente, a 23.000 contribuyentes, un 0,1 % de quienes pagan impuestos en España.
También ha anunciado un aumento del gravamen a las rentas de capital que superen los 200.000 euros. Se aumentará del 26 al 27 % a partir de 200.000 euros y para plusvalías superiores a 300.000 euros se situará en el 28 %. En total, con las subidas y bajadas fiscales, el Gobierno de España prevé recaudar alrededor de 3.500 millones de euros.
