La semana pasada el movimiento por el derecho a la vivienda mantuvo una reunión en Madrid con el ministerio de Transportes a revueltas por la ley de vivienda que prepara el Gobierno. Y se toparon contra un muro. "El Ministerio no aceptó nuestras reivindicaciones más importantes", explica micro en mano José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la concentración celebrada hoy en la puerta de Las Corts, a la que han acudido los grandes sindicatos y las plataformas por el derecho a la vivienda para presionar por una ley "más valiente".

Las reivindicaciones de los afectados -de la calle- son las mismas que tienen bloqueada la ley entre PSOE y los socios de Gobierno. Resumiendo, son tres: la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, que las viviendas de la Sareb pasen al parque público, y que los grandes tenedores tengan la obligación de firmar alquileres sociales a familias especialmente vulnerables. Se encontraron con un 'no' en las tres.

En el plano valenciano, Unides Podem ha repetido por activa y por pasiva que la conselleria de Vivienda está lista para regular los precios y que ya tiene preparado un estudio con todas las zonas tensionadas de la C.Valenciana donde se podría topar el alquiler. Compromís también abraza las reivindicaciones de la PAH y las plataformas. Pero la ley sigue bloqueada a la espera de un acuerdo en Madrid con el PSOE que convenza a todas las partes.

Varias afectadas por desahucios de bancos y fondos buitre, en la concentración de este jueves. M.A.Montesinos

Durante la concentración, varias mujeres afectadas por procesos de desahucio han ido exponiendo sus casos particulares y sus reivindicaciones. Una de ellas ha recordado que "desde el inicio de la crisis hasta el año 2022 hemos tenido 1.100.000 desahucios en España. Y casi 200.000 en la C.Valenciana". Ha explicado además que "un desahucio es algo que rompe un hogar y deja en la calle a una familia en una situación durísima".

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la C. Valenciana registro, sólo en el primer trimestre del año, 741 desahucios por impago de la hipoteca y 1.054 por impago del alquiler. "Estos datos son escandalosos, teniendo en cuenta que todavía sigue activo el escudo social del Gobierno, son muchísimos casos que representan el sufrimiento que los grandes tenedores de vivienda ocasionan cada día a las familias", asegura otra afectada.

Invierno duro

Y las previsiones económicas no animan a ser optimistas. Esta semana la PAH en València ha tenido cinco desahucios, uno cada día de la semana. Algunos han acabado con personas en la calle, como ayer, en el caso de un hombre desalojado tras cinco años malviviendo en un bajo comercial sin ventanas ni contadores de luz y agua. Los altos precios de la vivienda le forzaron a acabar en esa situación. José se quedó en la calle con lo puesto y sin sitio a dónde ir.

La primera razón de la protesta es esa. Los desahucios. La PAH quiere que no haya más, o por lo menos, que se proteja al máximo a las familias. Por eso reclaman que la ley estatal imite a la legislación de Cataluña, donde los grandes tenedores de vivienda están obligados a ofrecer a las familias un alquiler social antes de instar al desahucio. Esa es una de las grandes peticiones.

"No hay derecho que los grandes propietarios y fondos buitre gestionen la vivienda como si fuera una mercancía. O que tributen al 1 % mediante socimis o evadiendo los impuestos. No hay derecho a que esto se permita mientras siguen especulando", reclamó González.

Para demostrarlo varios afectados explicaron su caso. El primero es el de Gemma, una madre soltera que vive en Puçol. Su finca entera pasó a manos de la Sareb, y después a ser gestionada por varios servicers (o gestores de carteras de vivienda) propiedad de grandes fondos, como Haya Real State o Hipoges. "Antes pagaba 300 euros de alquiler, y ahora me piden más de 700. Soy una madre soltera, trabajadora y mileurista. Y no quiero tener que elegir entre que mi hija coma o pagar la casa", explica mientras se le humedecen los ojos.

Como ella está un matrimonio de 60 años. Tras más de 10 años con un alquiler de 230 euros, su casa ha pasado a manos de un fondo buitre. "Ahora nos piden un alquiler de 800 euros. Es una barrabasada que un alquiler cueste el doble que las cuotas de la hipoteca", denuncian. Lorenzo, otro afectado con un caso similar, ha remarcado que "trabajar ya no es una garantía de vivir dignamente", y reclama un país donde "podamos vivir con dignidad todos, y no solo los ricos".

Gemma, afectada por el traspaso de su casa a la Sareb, es también víctima de acoso inmobiliario. "Nos llaman constantemente, nos mandan cartas amenazantes y de impagos, aunque no dejemos nada a deber. Nos han llegado incluso demandas de desahucio para que vayamos a los juzgados y perdamos nuestro tiempo desmintiéndolo todo", denuncia.

Su caso también está documentado por este periódico. De hecho, la conselleria de Vivienda prepara una ley que penalizará estas prácticas con multas para los fondos y grandes tenedores de hasta 950.000 euros.

Gemma, como el movimiento por el derecho a la vivienda, reclama que "si la Sareb la hemos pagado entre todos con el rescate bancario sus casas deberían de ser nuestras. Basta de vender los edificios a precio de saldo a los bancos y fondos de inversión. Hay una necesidad muy grande de vivienda y necesitamos esos inmuebles como sea", reivindica.

Todo se condensa en el grito con el que se ha acabado la concentración. "Ni casas sin gente, ni gente sin casa". Eso es lo que que reclama el movimiento por el derecho a la vivienda. "Ni casas sin gente, ni gente sin casa".