«Ciudades seguras, ¿para quién? Las mujeres no se sienten seguras en las ciudades. Les enseñamos desde pequeñas que el mundo es un peligro para ellas. Cuando hablamos de seguridad en los espacios urbanos, debe incluir a todas y a todos». Es una de las reivindicaciones escuchadas ayer en el Foro Nacional Ciudades Seguras que, bajo el lema «Tenemos que hablar...» se celebra durante dos días en València bajo la organización de la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València y que tiene como finalidad la elaboración de una declaración de intenciones y medidas a partir de las propuestas que lancen los expertos en las siete mesas redondas de que consta.

Una de las celebradas ayer fue precisamente sobre igualdad y violencia de género y fueron cuatro mujeres, referentes dentro de las fuerzas de seguridad, quienes hablaron. Una de ellas, la comisaria de la Policía Local de València Estefanía Navarrete, autora de la frase que da inicio a esta información, fue especialmente crítica. Además de reivindicar que se trate a las policías locales en «igualdad de condiciones» en las juntas de seguridad y coordinación, hizo hincapié en que la violencia machista, que definió como «un grave problema estructural para la democracia», supone ya «entre el 70 y el 80 % de las detenciones» que realiza ese cuerpo solo en València.

Navarrete es responsable del grupo Gama de la Policía Local de València, encargada de la protección de víctimas y de la gestión integral de sus necesidades. «¿De acompañarlas al supermercado a comprar? Sí. También. Porque despersonalizar la protección de las víctimas es el camino al fracaso».

Habló de la «culpa institucional» en la violencia vicaria y relacionó que no se dediquen más medios humanos y materiales a la lucha policial contra la violencia machista porque, afeó a la clase política, «ocupa el puesto 39» en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre qué preocupa a la ciudadanía. «Ese es el contexto social», remarcó.

La comisaria jefa de la Policía de la Generalitat, Marisol Conde, también se preguntó «por qué 22 de las 33 mujeres asesinadas este año en crímenes machistas no había denunciado nunca. Hay que reflexionar por qué no habían recurrido a los múltiples recursos que existen. Miedo, desconocimiento, dudas...», planteó.

Conde arrancó un aplauso del público tras explicar con pormenores el funcionamiento de la oficina de denuncia y atención integral a las víctimas de violencia machista que la Generalitat puso en marcha en 2019, un proyecto pionero que están tratando de copiar otras autonomías por su éxito . «No solo hay policías, también un equipo psicosocial, porque las mujeres llegan con muchas dudas, su vida nunca volverá a ser la misma y necesitan tener claro que podrán afrontarla, un letrado de oficio especializado y un forense. Todo en el mismo espacio y sin tiempo máximo de atención», desgranó.

No se quedan ahí. Procuran atención a la víctima durante todo el proceso, elaboran un informe de vulnerabilidad para el juzgado y hasta gestionan su traslado físico, en coche con conductor, si no dispone de uno propio, cuando lo requiere el proceso legal, social, sanitario o administrativo. «Nos gustaría que no fuese necesaria la oficina, pero teniendo la realidad que tenemos, es una gran opción».

La teniente de la Guardia Civil María Isabel Pellicer, actualmente destinada en Alicante como jefa del Seprona y que forma parte del Comité de Igualdad y Diversidad del instituto armado, abordó en una intervención sin pelos en la lengua la desigualdad dentro del cuerpo, aunque asegura que se han dado «pasos de gigante» tanto en igualdad como en diversidad. Aún así, dio datos clarificadores: la Guardia Civil es el cuerpo policial con menos mujeres en su plantilla (un 8 % de los 71.000 agentes, que se queda en un 4 % si solo se explora la escala de suboficiales y oficiales) y el último en incorporar a mujeres («y porque una chica, Ana Moreno, planteó un recurso por inconstitucional ya que las mujeres no podían acceder», aclara).

Lo explicó con claridad: las mujeres ascienden menos porque no hay referentes femeninos, los hombres no asumen la corresponsabilidad familiar y la conciliación las lleva a ellas a puestos de oficina con horario, los de libre designación y las condecoraciones se dan a hombres (son hombres, esa mayoría que forma las cúpulas de mando, quienes los deciden). Sin olvidar la «invisibilización de las mujeres en los cuerpos policiales y los estereotipos: siempre aparecemos en las imágenes en roles típicamente femeninos». Desde esa comisión, que ya ha puesto en marcha protocolos específicos, lucha por revertir esa discriminación.

El Foro fue inaugurado ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien destacó que la C. Valenciana tiene en este momento una plantilla récord, con 14.644 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, y la consellera de Interior, Gabriela Bravo. Ambos abogaron porque el concepto de seguridad supere la definición «reduccionista» que la limita a la seguridad ciudadana y se amplíe a conceptos como la cohesión social, la protección civil, la erradicación de la violencia machista, el respeto a la diversidad o la pacificación del tráfico. Fomentar la «seguridad humana», en definitiva. «Invertir en seguridad es invertir en derechos», concluyó el ministro.