La cifra preocupaba en la Conselleria de Sanidad y mucho. En enero de 2020, seis de cada diez valencianos a los que se les ofrecía operarse en una clínica privada después de dos meses de espera decían que no. Preferían seguir esperando a un quirófano público, pese a no tener certezas de cuándo iban a ser llamados, que operarse antes en uno privado gracias al conocido como "plan de choque". Tanto preocupaba este porcentaje que incluso la entonces consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció que se quería hacer una encuesta para conocer los motivos de ese alto porcentaje de negativas. Algo estaba pasando y no se sabía qué.
Esa encuesta y las medidas que se hubieran puesto en marcha nunca llegaron por culpa de la aparición del coronavirus SARS-CoV-2. El atasco que sufrieron los hospitales públicos por las sucesivas olas de la pandemia de covid-19 ( y el aumento exponencial de las listas de espera) parece que ha ayudado de forma indirecta a resolver el problema: desde aquel enero de 2020 las negativas a operarse fuera han bajado drásticamente.
Así lo atestiguan los datos de la Conselleria de Sanidad. Si al final de 2019, las negativas eran del 58 % (en sintonía con la cifra que aportaba al mes siguiente Barceló), ese porcentaje descendió a la mitad el año siguiente: en 2020 solo se negaron el 26 % de valencianos consultados. En 2021 fueron todavía menos: solo el 12 % prefirió seguir esperando a ser operado en un hospital público.
Sube la lista de espera, bajan las negativas
La administración no tiene datos para asegurar que la covid ha sido la principal causa de este cambio global de opinión pero parece claro que conforme la covid y sus sucesivas olas iban congestionando el sistema sanitario y disparando los días que había que esperar para entrar en quirófano, aumentaban los valencianos que optaban por esa opción de la privada que solo unos meses antes no había sido bien recibida. En los meses prepandemia, la espera media para entrar a quirófano era de 86 días (enero de 2020) y llegó a 80 al mes siguiente. La primera ola de covid de marzo de 2020 lo desbarató todo y se llegaron a cifras no vistas: 157 días de espera media en agosto de 2020 o 150 en febrero de 2021.
Los datos al cierre de este año 2022 servirán de contrapunto para saber si el aumento de síes a operarse en la privada ha sido circunstancial y si, en una situación más normal las negativas vuelven a aumentar. Por ahora, la lista ha cerrado agosto con malas cifras (las peores del año) con 115 días de espera media y 65.728 pacientes pero nada comparado a los años duros de la pandemia. El repunte tras el verano es algo esperable pero suele recuperarse con la vuelta a la normalidad de septiembre.
El porcentaje de negativas es algo a tener en cuenta ya que el plan de choque supone para la administración una pata importante en su objetivo para rebajar los tiempos y operar antes de las cosas no urgentes. Y lo va a ser más. Si este año el presupuesto para este plan es de 15 millones, en 2023 va a ser de 22 millones. Sube pese a las críticas que está recibiendo el Botànic por reforzar esta colaboración pública-privada en contra de la tendencia de reducir estos acuerdos, que está en el espíritu de la nueva ley de equidad del sistema de la ministra Carolina Darias. El problema es que el hacer más en la pública (este año hay 16 millones para horas extras de los equipos de cirugía) no son suficientes para absorber toda la demanda.
Sanidad se pone como objetivo bajar a 70 días de espera
Más dinero para operar de tardes y para mandar pacientes a la privada y, además, que estos puedan aceptar las derivaciones desde el primer día, sin esperar los actuales dos meses. Son algunas de las medidas extraordinarias anunciadas por el Consell para intentar contener las cifras de la lista de espera quirúrgica, muy afectada por los dos años de pandemia. Se sabe cuándo entrarán en vigor las medidas (en diciembre la posibilidad de irse a la privada antes, en enero el aumento de presupuesto) pero se desconoce hasta cuándo estarán en marcha. El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, dio ayer una pista: el objetivo es rebajar la "demora media a 70 días". Es la misma línea roja que marcó Ana Barceló en febrero de 2020 justo antes de empezar la pandemia.
