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Guía para seguir el laberinto de la política fiscal

Las reformas fiscales en 7 autonomías rebajan 1.300 millones en impuestos

Ximo Puig y María Jesús Montero se reúnen en el Palau en 2019. JUAN CARLOS CARDENAS

Chamanes fiscales, jaula de grillos, vaciamiento, populismo, tómbola, carrera hacia no se sabe dónde... Son algunas de las expresiones en torno a las diferentes decisiones sobre subir, bajar, deflactar o bonificar impuestos, verbos que bailan junto a la árida música de tipos, porcentajes y números que dificultan su seguimiento. Quién dio el pistoletazo de salida no está claro (Puig anunció la intención de su reforma el 6 de septiembre, Andalucía eliminó el impuesto de patrimonio el 20 mientras el PP lleva meses reclamando bajadas) y tampoco importa, lo único patente es que el mapa fiscal ha quedado totalmente revuelto.

El mantra del "todos son iguales" choca con la concreción de las acciones. Ni todas las autonomías han bajado impuestos ni las que lo han hecho lo han afrontado de la misma manera. Ni siquiera las medidas del Gobierno central son equiparables a las de las comunidades.

En la guía del laberinto que ha supuesto el seísmo fiscal de la última semana aparecen hasta cinco catalogaciones diferentes, con sus matices: aquellas que no han hecho cambios y rechazan hacerlos, quienes estudian posibles medidas, las que han hecho modificaciones en el IRPF (como la valenciana), quienes han modificado el Impuesto de Patrimonio y las que han tocado otros tributos como las tasas o precios públicos. En total, más de 1.000 millones de rebaja fiscal entre todas las autonomías.

La medida más diferenciada ha sido la del Impuesto de Patrimonio. Este es un tributo cuya recaudación se encuentra cedida en su totalidad a las comunidades que pueden decidir el mínimo exento, los tipos (cuánto se paga) y las bonificaciones. Esta ha sido la vía que han tomado tres autonomías donde gobierna el PP haciendo de esta medida un sello de la formación en Madrid, Andalucía y Galicia. 

Fue el anuncio que hizo Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta, el pasado 20 de septiembre en la capital de España llamando a las grandes fortunas a instalarse en tierras andaluzas ya que contarían con el 100 % de este impuesto bonificado. A efectos prácticos no pagarían nada. Igual que ya ocurría en Madrid con una factura de cerca de mil millones euros que esta autonomía deja de recaudar. Por su parte, la Xunta gallega se sumó a esta espiral hace una semana con una bonificación del 50 % de la cuota mientras Murcia estudia algo similar.

‘Armonización’ de facto

Para paliar estas rebajas el Gobierno central ha impulsado el «impuesto de la solidaridad» para las grandes fortunas (más de tres millones) anunciado el jueves por la ministra de Hacienda. Este será estatal, pero podrá deducirse lo que se pague en el impuesto autonómico. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad que se pague en las comunidades que tienen este impuesto se restará a lo que deberían pagar del tributo estatal. 

Por ejemplo, en el caso de la Comunitat Valenciana, los tipos de este impuesto son superiores a los que prevé crear el Estado desde los tres hasta los diez millones e igual a partir de esta cantidad. Como lo que se paga en la Comunitat Valenciana es superior a lo que se debe abonar en el Estado se descuenta y queda, de facto, invalidado: solo se ingresaría en las arcas de la Generalitat y no en las estatales. 

La medida es una forma de armonización fiscal. Una armonización es una forma de fijar una base, un mínimo común para evitar la competencia desleal, el llamado dumping fiscal, entre territorios. El objetivo de comunidades como Madrid o Andalucía al eliminar este impuesto (que afecta apenas al 0,2 % de la población) es atraer a estas personas de altos patrimonios evitando que tributen en sus territorios de origen. 

Deflactar el IRPF

Pero la fiscalidad que más vaivenes ha sufrido en esta última semana y más polvareda ha levantado es el IRPF, el impuesto de la renta. Este es el impuesto directo que más afecta a la mayoría de trabajadores. La mitad se encuentra cedido a las autonomías, la otra la tiene el Estado. Es ahí donde centró Ximo Puig su reforma fiscal (y generó el revuelo con el Gobierno) y donde también han hecho cambios otras autonomías como Galicia, Euskadi, Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía así como el Gobierno de España. 

Sin embargo, entre las cinco autonomías (cinco del PP y una dirigida por el PNV) y la valenciana hay una gran diferencia: la llamada deflactación. El IRPF actúa como una escalera. Para subir a los pisos más altos de salario se pasa por los escalones de abajo. Si los primeros se tocan al hacer el escalón de abajo más pequeño, aunque sea pensando en beneficiar a los de rentas más bajas, también acaba afectando a los de arriba que pagarán menos.

La deflactación ha sido lo que han hecho las seis autonomías citadas bajando los tipos de las rentas más bajas alrededor de un 5 %. En cambio, en la Comunitat Valenciana la reforma ha llevado tres vías: se ha aumentado un 10% la cuantía a partir de la que se empieza a pagar este impuesto, se han incrementado las deducciones y, sobre todo (y esta es la diferencia respecto al resto), se han establecido modificaciones en los tramos superiores a los 60.000 euros para que a estas les salga «neutra» la reforma. 

Por su parte, la reforma del Gobierno en la parte del IRPF estatal tampoco será una deflactación, lo que le aproximó más a la reforma valenciana que a la del resto. «No es una bajada de impuestos generalizada», explicó en este sentido la ministra de Hacienda diferenciando de las medidas llevadas a cabo por Madrid o Andalucía. Así, incrementará el mínimo exento del pago de este tributo de 14.000 a 15.000 euros mientras que se aumentarán los beneficios fiscales para las rentas del trabajo de 18.000 a 21.000 euros.

Esto significa que los cambios del Consell en el IRPF beneficiarán a las rentas de hasta 60.000 euros, las del Gobierno central en las de hasta 21.000 (y se complementará con las autonómicas) mientras que en Galicia, Madrid, Andalucía, Euskadi, Murcia Castilla y León los cambios en este gravamen también tendrá un beneficio en las superiores.  Extremadura, por su parte, ha tomado un camino intermedio y ha bajado las tasas y los precios públicos como las ITV, el comedor escolar o el canon del agua. Una medida que el Consell del Botànic ya hizo en mayo. 

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