Infrafinanciación es una palabra de 17 letras, una reivindicación que en ocasiones se convierte en reproche entre partidos políticos y una factura de, como mínimo, 2.500 millones de euros en pago de intereses al Estado. Es la cantidad que la Comunitat Valenciana ha abonado al Gobierno central por los llamados "mecanismos adicionales de financiación" aprobados en 2012 con el fin de dar oxígeno económico a las autonomías. Y aunque se pusieron en marcha bajo el epígrafe de "préstamos a bajo interés", su coste ha sido una losa en las arcas públicas valencianas.
El último informe de Fedea sobre la Actualización de las series de financiación homogénea de las comunidades autónomas es una marejada de datos que evidencian el problema de la falta de recursos para la Comunitat Valenciana por parte del Estado. Está, según cifras de 2020, siete puntos por debajo de la media nacional en financiación, es la segunda con peor índice (la última es Murcia) y se encuentra a 23 puntos porcentuales de la mejor: Cantabria. Es decir, si en España cada ciudadano recibe 100 euros, para cada valenciano hay 93 euros mientras cada cántabro recibe 117.
Nada nuevo bajo un sol que calienta estadísticas sangrantes que conllevan un coste extraordinario para las cuentas autonómicas. Es el caso de los intereses, que acumulan ya 2.427 millones de coste para los valencainos. Al no recibir los fondos necesarios a partir del sistema ordinario de financiación, la Generalitat lleva desde 2012 acogida a los mecanismos adicionales como el FLA. Es una inyección de liquidez a un coste inferior al de los mercados, pero sigue siendo gravoso para aquellas autonomías que más lo necesitan como es el caso de la valenciana.
En total, entre 2012 y 2020, última fecha con cifras según el documento, la Comunitat Valenciana había recibido 62.501 millones de financiación extraordinaria. Es decir, dinero que después ha de devolverse al Estado con su correspondiente añadido en intereses. Y la Comunitat Valenciana es la segunda que más ha requerido de estos ingresos extra, solo superada por Cataluña (90.450 millones) aunque si se mira por habitantes, cada valenciano ha pagado más intereses que cada catalán: 480 euros por 470. De hecho, más de uno de cada cinco euros (un 22 %) que el Estado ha recibido en concepto de intereses por estos préstamos han salido de la Generalitat.
Para ver la importancia de estos mecanismos adicionales solo hace falta observar el porcentaje que han supuesto respecto al conjunto de lo recibido por la Comunitat Valenciana de parte del Estado. Así, según los datos de Hacienda, la Generalitat recibió 63.077 millones del sistema de financiación por parte del Estado entre 2015 y 2020 a través de impuestos cedidos y transferencias corrientes. En ese mismo periodo de tiempo recibió 41.908 millones en préstamos del Estado. Lo que debería ser algo extraordinario, se ha convertido en el principal sustento. Y esto se debe devolver.
La deuda con el Estado se ha multiplicado por cinco desde 2012
Pero volviendo a los mecanismos extraordinarios, de los 62.501 millones prestados a la Comunitat Valenciana en diez años, la Conselleria de Hacienda ya ha devuelto más de 20.500 o, lo que es lo mismo, le quedan todavía pendientes, en forma de deuda, otros 41.931 millones (dos de cada tres euros recibidos. De nuevo comparte clasificación con Cataluña que vuelve a situarse al frente de la tabla. La cantidad pendiente de devolución por parte de la Comunitat Valenciana supone haber multiplicado por cinco la primera dotación extraordinaria de 8.100 millones que llegó en 2012.
Es en los años de la crisis cuando más se nota la falta de recursos. Entre 2012 y 2015 la cantidad pendiente de devolución de estos mecanismos extraordinarios prestados por el Estado se multiplica por 3,6 mientras que en los siguientes años esta aumenta un 44 %. Estos 41.931 millones eran, en 2020, el 82 % de la deuda total de la Generalitat. Es una cantidad muy próxima a la que los expertos consideraron como culpable de la infrafinanciación: 37.000 millones, el 75 % de la deuda total. Uno de cada tres euros.
La reclamación de una financiación justa va acompañada de una condonación de la deuda histórica provocada por esta y en ese objetivo se fijan los 37.000 millones citados. La mayor parte están en manos del Estado por lo que su condonación no incurriría en una suspensión de pagos a entidades financieras (con las que se tiene cerca de un 16 % de la deuda) sino que requeriría de un acuerdo con el Gobierno central, igual que con el sistema de financiación. Mientras tanto, la factura sigue creciendo.
