«Es el Estado salvadoreño el que te agrede. La entidad que debería protegerte es la que te está atacando». Con estas palabras la periodista Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) y directora de Infodemia, denuncia la grave situación que sufren a diario aquellos profesionales que se dedican a la investigación, a visibilizar las injusticias y vulneraciones de derechos, que resultan «incómodos» —término que utiliza el presidente, Nayib Bukele— por contar verdades y que, en definitiva, son amenazados en el ejercicio de su profesión.
Sobre esto mismo se debatió ayer en el coloquio, organizado por la Fundación por la Justicia y moderado por su presidente , el magistrado José María Tomás y Tío, en el Club Diario Levante de la mano de periodistas salvadoreños independientes. En concreto, además de Angélica Cárcamo, se escucharon las voces de Sergio Arauz, periodista salvadoreño y subjefe de redacción de El Faro; y Carmen Valeria Escobar, periodista salvadoreña independiente. La jornada se enmarca dentro de su programa Visibilización y defensa de activistas de derechos humanos vinculados a la libertad de expresión y prensa en El Salvador. También participó en la mesa el redactor del periódico Levante-EMV Gonzalo Sánchez.
El contexto político en el país es complejo. En mayo, sin ir más lejos, la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional para nombrar a jueces afines a Bukele, lo mismo hizo con el fiscal general de la República. «En este momento hay una democracia desmantelada. A mi juicio, estamos al borde de una dictadura que creo que se va a consumar cuando Bukele sea reelegido en 2024», afirmó Arauz. Y como en todo régimen autoritario la libertad de expresión y de prensa, y también a los que la ejercen, se ve menoscabada.
Los periodistas salvadoreños sufren amenazas digitales, son perseguidos por la calle y señalados por los propios políticos y funcionarios. De hecho, el propio Faro se ha convertido en el enemigo público del régimen por su gran trabajo de investigación. Según los datos que se pusieron ayer sobre la mesa, la Apes contabilizó 77 casos de agresiones a la prensa en 2019, fueron 125 en 2020, en plena pandemia de coronavirus, y 219 en 2021.
Perspectiva de género
Unas cifras que no se entienden sin perspectiva de género. «Las mujeres periodistas recibimos a diario amenazas. Desde ‘te voy a violar a ti y a tu mamá’, hasta ‘te voy a asesinar’. Esto lleva a la autocensura. Decides no publicar», reconoció Escobar. Unas agresiones que se diferencian en una cuestión a las que reciben los hombres: se ataca a la propia integridad física de la mujer. «Hacen referencia una violencia sexual directa», apuntó. Por desgracia, la tendencia este 2022 es la misma. Como consecuencia, muchos optan por callar y los que continúan en la lucha por los derechos humanos se ven obligados a abandonar el país.
El problema: no cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Los periodistas se hicieron eco de la gran pérdida de credibilidad que han sufrido, instada en los últimos años por el discurso de odio del presidente contra ellos. «Bukele tiene ahora los aplausos y a la gente cegada», destacó Arauz. Uno de los motivos a los que aludieron es que ha sabido muy bien cómo hacer llegar a la gente su mensaje. Por eso, propusieron trabajar conjuntamente por un periodismo basado en el diálogo con los ciudadanos, para conocer sus intereses y necesidades, o abrirse a otras nuevas plataformas, muchas de ellas utilizadas para difundir noticias falsas. También consideran importante las redes que han construido entre ellos y con organizaciones internacionales, así como que los medios de comunicación en Europa sean conscientes de su situación.
No reparación a las víctimas
Durante el debate, el magistrado José María Tomás y Tío, que trabajó con un tribunal de justicia restaurativa promovido por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), habló sobre el estancamiento de la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada tras doce años de guerra civil.
«Me cuesta entender que una ley derogatoria, que afecta se supone que a unas 70.000 familias de las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas, pueda tener una falta de apoyo popular como para no encontrar mecanismos que garanticen la reparación o la indemnización de tipo que sea», subrayó. La respuesta por parte de los periodistas: existe una carencia importante de interés por la Historia que ha marcado a muchas generaciones.
