Los juzgados valencianos han practicado 3.387 desahucios en los primeros seis meses del año. Es decir, hay casi 19 desahucios cada día en la Comunitat Valenciana, pese a un escudo social que los limita en muchos casos. Uno de cada tres (1.252) son por impago de la hipoteca, y la mayoría (2.020) ya son por impago del alquiler, mientras que el resto son por otras causas.

Son los principales datos presentados en el informe sobre los efectos de la crisis, del Consejo General del Poder Judicial, dados a conocer este martes. Si nos fijamos en le mismo periodo del año anterior, los lanzamientos o desahucios practicados bajaron un 13,4 %, tanto por impago de alquiler (-9,7 %) como por ejecución hipotecaria (-20,3 %). Pero los datos del primer trimestre compensan la bajada.

En cifras absolutas, en el conjunto de la Comunitat se practicaron 1.524 lanzamientos entre abril y junio, de los que 966 fueron debido al impago del alquiler y 511 obedecieron a ejecuciones hipotecarias, en tanto que el resto, 47, respondieron a otras causas.

Por provincias, la que registró más desahucios fue Alicante, con 684 desahucios, (262 por impago de la hipoteca y 408 por el alquiler). Le sigue la provincia de València con 615 casos (135 por hipoteca y 450 de alquiler), y por último Castelló con 225 casos (114 por hipoteca y 108 por alquiler).

En España, el número de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre del año alcanzó los 10.816 procedimientos, un 6,5 % menos que en el mismo periodo de 2021. El informe revela que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron un 16,6 %, y los de impago del alquiler, un 2 %; estos últimos representaron el 72,8 % del total, con 7.871 operaciones.

Con todo, los desahucios siguen su tendencia al alza pese al escudo social del Gobierno que los limitaba (y que ahora se encuentra en una fase de moratoria a la espera de la aprobación de la ley de vivienda). La Comunitat es el territorio que más desahucios por impago de hipoteca registró de toda España en el segundo trimestre del año 2022, con 511 casos.

En cuanto a los desahucios por impago del alquiler, la C.Valenciana se sitúa como tercera autonomía de España con más procedimientos de este tipo en el segundo trimestre (966). Cataluña los duplica, con 1.809 desahucios, y Andalucía tuvo 1.313 casos. Le sigue la Comunidad de Madrid con 862 lanzamientos por impago del alquiler.

El fantasma de la ocupación de viviendas

Las estadísticas sobre "verbales posesorios sobre ocupación ilegal de viviendas", es decir, procedimientos de un propietario para recuperar la vivienda ocupada ascienden a 205 casos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Unos 91 se produjeron en el primer trimestre y 114 en el segundo. Son, en conclusión, un 0,16 % de los procedimientos de lanzamiento de una vivienda.

Por otra parte, si ponemos el foco en las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados, València se sitúa a la cabeza de España con 1.043 casos, junto a Cataluña y Andalucía, lo que hace presagiar que estos malos datos se continuarán registrando en los próximos trimestres si los juzgados autorizan estos desahucios. De hecho, la Comunitat tiene una de las tasas más altas de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes.

Jose Luís González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advierte de que el movimiento por la vivienda está preocupado por esta situación. "Los datos son muy duros, y si esto está pasando con un escudo social que prometía acabar con ellos no queremos pensar qué puede llegar a ocurrir cuando se levante ese escudo social". Matiza que ese escudo social, "ha servido para evitar muchos, pero sigue siendo insuficiente".

La PAH critica además la negativa del PSOE a apoyar las reivindicaciones del movimiento por el derecho a la vivienda para la nueva ley. Para González "si la nueva ley no recoge las reivindicaciones fundamentales de los colectivos se va a mantener esta situación de los desahucios".

Sus principales reivindicaciones son las siguientes: paralización de los desahucios para las familias sin alternativa, obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes del lanzamiento (como ocurre en Cataluña), regulación de los precios de los alquileres y que las viviendas de la Sareb pasen a formar parte del parque público de vivienda.

Por último, la PAH reclama al Gobierno que se modifique la ley hipotecaria, y que el ejecutivo y las entidades bancarias promuevan "créditos blandos" para las familias que tengan problemas para hacer frente a sus deudas a partir de ahora.