La conselleria de Igualdad inspeccionó el año pasado 187 de las 329 residencias de mayores que existen (la gran mayoría concertadas). Supone algo más de la mitad, pero también implica que cuatro de cada diez residencias no pasaron ninguna inspección. Esto cumple los planes de la propia conselleria, pero tanto Fiscalía, como los familiares e incluso la patronal reclaman más inspecciones y piensan que sería bueno que se hiciera, al menos, una al año.
La reivindicación contrasta con los esfuerzos de Igualdad, que heredó del gobierno del Partido Popular un cuerpo con siete inspectores para todos los centros de servicios sociales, y en 2022 lo ha aumentado hasta 41, según datos de conselleria.
También ha incrementado las inspecciones de oficio en todos los centros de servicios sociales (no solo residencias de ancianos), con 485, casi el doble que el año anterior (marcado por los cierres de la covid) y cinco veces más que en 2016. Esther Pascual, de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) reconoce que "se ha mejorado muchísimo el servicio respecto a los anteriores gobiernos, eso es verdad. Pero creemos que sigue siendo insuficiente".
También lo cree la Fiscalía, que en su memoria presentada este mes de septiembre pedía "más control", en las residencias de la Comunitat Valenciana y aumentar la labor inspectora. Incluso José María Toro, presidente de la patronal Aerte, considera que, como mínimo, sería bueno que cada residencia tuviera una inspección de conselleria al año. "Hay algunas que se pasan varios años sin ningún control", explica Toro.
Primero se inspeccionarán los centros de gestión indirecta, luego los privados, y por último los públicos
El Plan de Inspección de los Servicios Sociales de la C. Valenciana 2019-2022 establece que, como máximo, "se debe garantizar la comprobación material de todos los centros residenciales" con una frecuencia máxima de cuatro años, siguiendo una recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude. El plan dice que se inspeccionarán primero los centros de gestión indirecta, luego los privados, y por último los públicos.
Hay un aspecto que preocupa especialmente a ReCoVa, que es el hecho de que "Igualdad prioriza las inspecciones de las residencias más grandes, y cuando esas están hechas pasa a las de menor tamaño", explica Pascual. Para la asociación, esta decisión deja a las residencias más pequeñas muchísimo más desatendidas que los centros más grandes, pudiendo pasar varios años hasta tener una inspección.
Mejores inspecciones
Por otro lado, la asociación pide que las inspecciones no sean tan superficiales y reclama que se hagan también por la noche. "Algo típico en lo que recortan algunos centros es en el enfermero del turno de noche, y cuando alguna vez pasa algo la situación puede ser muy grave. Estaría bien que Igualdad mandara también inspecciones a esas horas para comprobar este tipo de cosas", señala Pascual.
José María Toro añade que "normalmente las inspecciones se dedican a temas de papeleo para que todo esté en regla y por supuesto en comprobar que se cumplen las ratios de personal en los centros, pero pocas veces se fijan en la calidad del servicio que dan esas personas. Puede haber diez personas trabajando en una residencia y que las diez lo hagan mal", explica Toro. Igualdad ya prepara un plan en este sentido, pero la patronal explica que "llevamos pidiéndolo mucho tiempo".
Pascual añade que "el problema es que nueve de cada diez residencias siguen estando en manos privadas y algunas solo trabajan para buscar los beneficios y se olvidan de las personas". Además, según cuenta "a muchos familiares les da miedo interponer una queja por si luego toman represalias contra sus familiares", por eso piden que se hagan más inspecciones periódicas. "Si no, muchas situaciones de malos tratos se quedan ocultas detrás de las paredes", remarcan.
El Plan de Inspección de Servicios Sociales establece que hay dos formas de mandar una revisión; a través de una queja de un familiar, o de oficio por la conselleria. Igualdad se defiende explicando que las denuncias de familiares han bajado, y por ello han incrementado las de oficio .
Residencias con más quejas
Las residencias de Altabix en Elx y Domus VI en Alcoi son dos de los centros que más quejas e inspecciones de Igualdad han recibido en los últimos años. En el caso del centro alicantino, el Síndic de Greuges llegó a emitir una recomendación tras todas las denuncias presentadas por los familiares pidiendo a Igualdad que colocara a un funcionario público para dirigir esta residencia. Pero conselleria rechazó la petición por la dificultad legal que suponía, pese a que el Síndic emitió después otra recomendación explicando que esto sí que es posible.
En el caso de la residencia de Domus VI en Alcoi, donde murieron 74 personas en la época más dura de la pandemia, Igualdad le abrió un expediente sancionador y le puso una multa. En ambos casos, Esther Pascual denuncia que "se siguen produciendo situaciones que se han denunciado a pesar de que ha venido una inspección de Igualdad. Lo siguen haciendo a pesar de todo". Recientemente, en la residencia de Altabix los familiares se volvieron a quejar de una presunta sobremedicación, la no realización de las curas y la falta de personal.
