Los presupuestos del Estado devuelven a nuestras vidas el concepto indigesto de las inversiones territorializadas. La prueba del nueve de que la España descentralizada existe es la relevancia pública creciente de la distribución de las inversiones del Estado, si se acerca o no al peso poblacional, que en el caso valenciano es ese ansiado 10,6 %. El año pasado estuvo cerca lo destinado (9,3 %), pero tampoco se alcanzó el porcentaje mágico, a pesar de lo escrito en la versión vigente del Estatut d’Autonomia, esa carta de principios que suena especialmente por estos días, cuando ronda el Nou d’Octubre. La prueba del nueve de que la España descentralizada existe de aquella manera son las tensiones que genera, por no hablar de un país incapaz de pactar un nuevo sistema de financiación de los territorios y donde no hay orden ni concierto en el (escaso) margen que se deja a estas para actuar en materia fiscal (Euskadi y Navarra están en otra liga).
Al margen de filosofías, volvemos hoy al punto de cada año de las elucubraciones sobre lo que nos deparará este año el misterio de Hacienda. No obstante, no nos dejemos deslumbrar por las cifras que se pintan en un papel. Los números importan, son dinero virtual, y cuentan y dan mucho que hablar, pero el dinero real es el que se gasta, el que se ejecuta y a ese no se le suele prestar tanta atención. Por acudir al ejemplo más cercano, el de los presupuestos de 2021: la cifra consignada era alta, el 9,6 % del total de inversiones en España, algo más de 1.100 millones, pero solo se gastaron 469, el 42 %, ni la mitad, mientras en otras comunidades (Madrid, por ejemplo) sí se ejecutó todo lo previsto, incluso más.
Acertó ayer la síndica del PP, María José Catalá, al poner el dedo en la ejecución. El ministerio le ha puesto la réplica fácil a unas cuentas estatales de 2023 que miran mucho a lo social, como toca cuando las incertidumbres económicas son altas y el riesgo de desprotección crece. El bajo nivel de ejecución permite al PP recuperar el pulso un tanto perdido en los últimos días, después de la rebaja fiscal anunciada por el president, Ximo Puig, que ha desdibujado (o al menos opacado) el discurso del PP valenciano de los últimos meses. Carlos Mazón parece que ha preferido situarse a rebufo del efecto Feijóo y esperar a recoger la cosecha sin hacer mucho ruido ahora. Hoy, en todo caso, debe aportar algunas ideas para el futuro en el mismo foro en el que Puig anunciaba hace unas semanas la reforma fiscal (la intención de ella, mejor dicho). Eso se espera, al menos.
La contrapartida de unas cuentas muy sociales es que el gasto en protección social se ve poco en las partidas regionalizadas, donde lo que cuenta más son las inversiones en piedra y cemento, las infraestructuras, así que habrá que ver cómo queda la cifra en su eterna disputa con el peso poblacional valenciano. Hay otro elemento inquietante, que es que difícilmente se va a mantener la partida misteriosa de 300 millones que el ministerio dispuso el año pasado para “transferencias de movilidad sostenible”. No se dijo, pero en realidad era una forma de compensar a la Comunitat Valenciana por lo no gastado intentando no soliviantar demasiado a otras comunidades. No parece que el horno hoy, en creciente presión, esté para muchos inventos.
