El informe sobre l’Albufera que el Consell Valencià de Cultura no logró aprobar en su última sesión ordinaria, al enfrentarse varios miembros por discrepancias sobre el contenido, tampoco irá al próximo pleno. Aunque la Comisión de Ciencias tenía previsto en principio desatascar el documento, que no incluía ninguna alusión a las afecciones del puerto sobre el humedal, finalmente ni siquiera llegó a abordarse ayer. El objetivo ahora es cerrar las fisuras abiertas en la reunión celebrada en Aielo de Malferit, modificar el estudio y antes de Navidad hacerlo oficial.
Como se recordará, fue Rosana Pastor quien requirió a José María Lozano como ponente del trabajo sobre el impacto de la infraestructura portuaria sobre el humedal. Una cuestión de la que el biólogo Juan Martínez Ors había dejado constancia explícita en las comparecencias de los expertos y que sirven de base para la elaboración de los informes. Sin embargo, en los catorce folios que se presentaron para la deliberación del órgano consultivo no aparecía ninguna mención. Pastor exigió la inclusión de una enmienda a lo que Lozano se negó. Al sumarse más voces críticas, Lozano optó por retirar el informe.
Algunos miembros aseguran que el pleno de Aielo de Malferit marcó "un antes y un después" en la institución
Conscientes del papel de la institución y su permanente búsqueda del consenso, los representantes del Consell Valencià de Cultura tratan de evitar otro desencuentro público como el que trascendió en Aielo de Malferit. No son pocas las voces que marcan esa jornada como “un antes y un después” del CVC tras su entrada en funcionamiento en 1985. Se trata de buscar la fórmula para recoger alguna alusión al puerto, evitar a toda costa una nueva discusión y no tirar por la borda el trabajo de los comparecientes. La idea, al menos en estos momentos, es reprender el informe en noviembre.
Paralelamente, y según ha podido saber Levante-EMV, la Comisión de Legado Histórico que preside Vicente González Móstoles consideró en su último encuentro estudiar la vía de dotar al lago de personalidad jurídica propia como bien patrimonial. Una iniciativa en la línea de lo conseguido por el mar Menor. Algo avanzado por este periódico en su edición del pasado domingo. Un camino que podría transitarse junto con la Comisión Jurídica y Reglamentaria, que preside la socialista y exalcaldesa de Gandia Pepa Frau. Varias fuentes apuntan a que esta posibilidad es aún muy remota.
Una mayor preservación
Algunos de los integrantes del CVC coinciden en que reconocer a l’Albufera como un sujeto de derechos propios garantizaría su preservación. En esa línea, el catedrático de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau, remarcaba que sí supondría «una mayor protección que la actual». El que fue vicepresidente del Consell recordaba que en el acuerdo del Botànic IIse recogía la cuestión, junto a la reforma del Estatut d’Autonomia. Martínez Dalmau animaba a adentrarse por una senda que han recorrido países como Nueva Zelanda.
Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, es de los que reclaman también una figura jurídica específica para la laguna «por su enorme complejidad». Subraya Sanchis Ibor la singularidad de un enclave sometido a las presiones de una gran área metropolitana, concitando además intereses y usos enfrentados.
