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La renta de inclusión se tramitará por urgencia para quienes regresen del extranjero

El Consell se fija como objetivo en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos «favorecer el retorno de los valencianos en el extranjero»

Varios jóvenes hacen cola para embarcar en el aeropuerto de Manises. Fernando Bustamante

No fueron pocos los valencianos que durante la crisis tuvieron que hacer las maletas y tomar un avión hacia otros países para buscarse un futuro que no encontraban en la Comunitat Valenciana. Alemania, Francia, Reino Unido o Irlanda fueron destinos en busca de oportunidades de jóvenes (o no tanto) ante las dificultades autóctonas. Años después, el Consell quiere que el máximo número posible de ellos regrese y para ello, entre las facilidades que plantea, está la posibilidad de tramitar por la vía de urgencia la renta valenciana de inclusión.

Es una de las medidas que se incluyen en el cajón de sastre legislativo que supone la Ley de Acompañamiento que se aprobará junto a los Presupuestos de la Generalitat para el próximo curso. El Consell ha publicado este jueves su anteproyecto, que tendrá que ser validado por las Corts, y en este se puede encontrar una modificación de la norma sobre la prestación que da el departamento de Políticas Inclusivas. En concreto, entre los cambios está el artículo 42 en el que se establecen los casos en los que se podrá tramitar esta prestación por la vía de urgencia.

Así, además de indicar a las mujeres prostituidas o a las víctimas de violencia de género que ya estaban indicadas en este trámite exprés, la propuesta incluye "a las personas valencianas que hayan residido en el exterior de la Comunitat Valenciana y que tengan la consideración de personas retornadas según lo que establezca la normativa autonómica en esta materia". Para estas personas, además, no se exigirá tiempo mínimo de residencia para pedir la ayuda.

El cajón de sastre legislativo incluye la gratuidad del Carnet Jove y más protección a vestigios históricos

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Además,  se incluye una disposición adicional en la Ley de Participación en la que se señala que la Generalitat "favorecerá el retorno de las personas valencianas en el exterior en la Comunitat Valenciana". "A tal efecto, en el diseño y desarrollo de las acciones y programas del Consell se facilitará el acceso a los recursos públicos de estas personas atendiendo a su especial consideración como personas retornadas", indica el añadido que va en la línea de la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión. 

No es el único cambio que se incluye dentro de esta norma con más de un centenar de páginas. Su redacción es un compendio de modificaciones legislativas y nuevas redacciones a leyes tan varias como la de estructuras agrarias, la de función social de la vivienda, la de turismo, mancomunidades, coordinación de policías locales o función pública. En total, más de una treintena de normas que trae, como una de las principales novedades, la creación de la Agencia Valenciana para la Digitalización y la Ciberseguridad.

Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, este nuevo ente tiene como objetivo "culminar la revolución y transformación digital de la administración pública" para adaptar todos los procedimientos, servicios y aplicaciones de la entidad autonómica a la sociedad de forma ágil, rápida y eficaz. Esta centralizará las políticas de ciberseguridad y gestión de la tecnología de toda la Generalitat, por lo que asumirá gran parte de las competencias técnicas de la actual Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación dependiente de Hacienda.

 También se ve afectada la Ley de Memoria Democrática valenciana. En este sentido, el cambio permitirá dar una "especial protección" en cuanto al planeamiento territorial y urbanístico a aquellos vestigios de la II República y la guerra civil. Esta protección será automática al considerarse estos "lugares e itinerarios de la Memoria Democrática" lo que permitirá ser incluidos en el correspondiente "catálogo de bienes" de la Generalitat "salvaguardando siempre su naturaleza memorialista y reparadora".

Pero hay más. En vivienda, la norma introducirá modificaciones en la Ley 2/2017 por la Función Social de la Vivienda con el fin de agilizar el trámite de declaración de vivienda deshabilitada y el acceso a las medidas de fomento por parte de grandes tenedores. Concretamente, los grandes tenedores de vivienda podrán acogerse más fácilmente a medidas de fomento para poner sus viviendas en alquiler, como las contempladas en la Bolsa Habita y la Xarxa Lloga'm, con el fin de impulsar la movilización de viviendas vacías de una forma más ágil y eficaz.

También recogerá que los derechos de tanteo y retracto se podrán ejercer sobre edificios residenciales de al menos cuatro viviendas. Se pretende facilitar la ampliación del parque público, ya que se permitirá a la Conselleria de Vivienda acceder a más tipos de edificios, y dar una mejor respuesta a situaciones de emergencia habitacional. Paralelamente, se creará un registro de informes de inspección técnica de edificios para facilitar el seguimiento y control, incrementando la capacidad tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos de detectar edificios que requieran de evaluación.

Entre las medidas sociales, la ley incluirá como novedad que el Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años será completamente gratuito tras la supresión del pago de la tasa de 7,7 euros por su expedición, con el objetivo de ayudar a este colectivo ante la inflación.

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