El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana formó "durante su extensa carrera política un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración del núcleo de personas", según concluye la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, que ayer dictó auto de apertura de juicio oral para Zaplana y catorce personas más por el caso Erial. La decisión de la jueza se conoce antes de que la sección quinta de la Audiencia de València se pronuncie sobre los recursos de apelación contra el auto que dio por finalizada esta investigación que se inició en el seno del caso taula, tras el hallazgo de los conocidos como "los papeles del sirio".
Al mismo tiempo que el auto de la magistrada también se conoció ayer la calificación de la Fiscalía Anticorrupción en la que concreta los presuntos delitos que imputa a los quince procesados por el caso Erial e informa de las penas de prisión que solicita para cada uno de ellos.
El Fiscal Anticorrupción solicita 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y por el cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Junto a Zaplana también están acusados por la Fiscalía Anticorrupción el expresidente de la Generalitat y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas, además de los hermanos Vicente y Juan Cotino Escrivá. La causa ya no se sigue contra el expresidente de las Corts, Juan Cotino, y tío de los dos empresarios, tras su fallecimiento por covid-19 cuando estaba siendo juzgado en la pieza de la Gürtel de la visita del papa.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción detalla la estructura financiera creada por Zaplana junto a sus testaferros a través de una red de empresas en catorce países, en los que llegó a movilizar veinte millones de euros. De hecho, el Ministerio Público solicita el decomiso de 20,6 millones de euros de Eduardo Zaplana y al resto de acusados, que es la cantidad que considera que "la organización descrita" movilizó a lo largo de veinte años. De estos 20,6 millones, 6,7 millones ya fueron entregados al Juzgado de Instrucción por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, Fernando Belhot. La justicia también ha decomisado 126.651 euros en una cuenta a Zaplana, 342.254 euros al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y hasta 981.392 euros a la cuenta de la empresa Costera del Glorio, propiedad de otro de los presuntos testaferros de Zaplana. A Vicente y Juan Cotino, la Fiscalía pide el decomiso de 10,5 millones de euros, "correspondiente a las dádivas entregadas por la familia del fallecido expresidente de las Corts, Juan Cotino.
Respecto al resto de penas, el amigo de la infancia y presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, se enfrenta a ocho años de prisión; al igual que Francisco Grau, el presunto cerebro financiero de la trama, y Mitsouko Henríquez, la secretaria de Zaplana. El exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García, también se enfrenta a una pena de cárcel de catorce años de prisión, al igual que Vicente y José Cotino Escrivá. Para el expresidente José Luis Olivas la Fiscalía Anticorrupción también reclama seis años de cárcel. Y otros cinco para Elvira Suanzes, exdiputada del PP en las Corts y amiga personal de Zaplana, y su hermano Saturnino Suanzes.
Sobre la estructura creada por Zaplana, el auto del Juzgado de Instrucción 8 señala que "el grupo de personas cercanas" de las que se rodeó el exministro de Trabajo "con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés" contó con la colaboración de "Joaquín Miguel Barceló Llorens, Francisco Grau Jornet , Juan Francisco García Gómez y Mitsouko Florida Henríquez Alcántara cada uno de los cuales ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión". La magistrada añade que "la organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero , en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas , como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".
La titular del Juzgado de Instrucción 8 añade respecto a los hermanos Cotino que "en la búsqueda de dicho benefició ilícito" Zaplana y su círculo de confianza "se concertaron con los también acusados Vicente Cotino Escrivá , José Cotino Escriva y con el investigado fallecido Juan Gabriel Cotino Ferrer, éste último también político de profesión , del mismo partido político que el acusado Eduardo Zaplana, habiendo ostentado importantes cargos públicos", como director general de la Policía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Consell y conseller y presidente de las Corts Valencianes.
Respecto a los hermanos Cotino Escrivá, la magistrada relata "forman parte de un grupo empresarial (Sedesa) ostentando su dirección a través de Asedes Capital (Servicios De Excavaciones SA), creando en el concierto la estructura societaria para obtener en una primera fase la adjudicación amañada de concesiones públicas de acuerdo con la organización liderada por Eduardo Zaplana y que daba el soporte político e institucional para conseguir sus propósitos simulando una adjudicación aparentemente formal y legal".
