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La ley de viviendas cooperativas provoca un roce entre PSPV y Podem

Socialistas y 'morados' se cruzan las culpas de que la nueva norma se registre en las Corts con la firma exclusiva de los 'podemistas'

Pilar Lima interviene en el Debate de Política General ante la mirada del grupo socialista. German Caballero

Hay veces que no es el fondo sino la forma lo que genera un desencuentro en política. Es lo que ha ocurrido con la futurible ley de Viviendas Cooperativas que Unides Podem registró el martes en solitario en las Corts y que ha levantado recelos cruzados entre los socios del Botànic, especialmente con el PSPV. El problema no está tanto en el qué (la ley en sí parece que no contiene nada que no podría asumir el Consell) sino en el cómo (la llegada al parlamento sin la firma de los tres grupos botánicos), algo que ha provocado suspicacias entre morados y socialistas.

En el cómo, las versiones difieren según el lado al que se pregunte. El punto central del enfado en Unides Podem es que aseguran que la semana pasada negociaron con los socios la presentación de la ley de Viviendas Cooperativas. Según fuentes de Unides Podem, obtuvieron el sí de socialistas y Compromís a tramitar la norma vía Corts. Días después, no obstante, primero el PSPV y luego los valencianistas se desdijeron, siempre según fuentes de UP.

Al final, el martes entró en Corts sin firma de todos los grupos, algo que ha sentado mal en el PSPV, que asegura que la norma no se encuentra entre las pactadas en el calendario de leyes para aprobar en el Parlamento en los próximos meses y que, por lo tanto, no existía acuerdo para registrarla. Eso no significa, matizan, que estén en contra de la ley o que no la puedan apoyar en un futuro. Asimismo, insisten en que todavía tienen que estudiarla a fondo, ya que no han tenido tiempo de hacerlo.

Fuentes socialistas destacan que el Parlamento valenciano ya se mostró a favor de poner en marcha un armazón legal para fomentar este tipo de infraestructuras. Lo hizo en comisión a través de una PNL presentada, precisamente, por el PSPV. Es por ello que a falta de leer en profundidad la letra pequeña, los socialistas indican que a grandes rasgos están de acuerdo con la medida. Pero que las formas de presentarla en solitario no han gustado.

Entre las quejas que expresan los socialistas es que no es habitual que un grupo que forma parte del Consell presente una ley por su cuenta y lo sitúan en un contexto de precampaña electoral y de buscar diferenciarse del resto de formaciones de la izquierda. Especialmente del PSPV. La lectura entre los socialistas es que la actuación es igual que cuando Ione Belarra llama a movilizarse contra el PSOE por el bloqueo de la ley de Vivienda.

Los recelos son de ida y vuelta. Porque que la norma entre en las Corts con solo la firma del grupo parlamentario que dirige Pilar Lima tampoco ha sentado bien en Podem, donde también citan a Belarra y al bloqueo de la ley de Vivienda para justificar que los socialistas valencianos se desmarcaran de apoyar el registro de la norma a modo de castigo a los morados. Es más, señalan que dentro del Ejecutivo autonómico había acuerdo entre las diferentes conselleries para sacarla adelante.

Entre los hechos constatados está que la Vicepresidencia Segunda que dirige Héctor Illueca, candidatable de Podem, y que tiene las competencias de vivienda, sacó a exposición pública el anteproyecto de ley para dar una estructura legal a este tipo de construcciones de casas privadas con servicios comunes y que sirven de alternativa, entre otras, a las residencias de mayores. Sin embargo, este proyecto ha pasado de la conselleria a los grupos parlamentarios con un objetivo: aumentar la velocidad de tramitación y que llegue antes de que acabe la legislatura.

La tramitación es más rápida por vía parlamentaria que por el habitual camino gubernamental donde requieren informes de organismos legales como el Consell Jurídic Consultiu o la Abogacía de la Generalitat. No obstante, su paso por las Corts tampoco será sencillo. Deberá competir con un trimestre cargado (los Presupuestos marcan la agenda parlamentaria a partir de noviembre) y el habitual trámite: toma en consideración, informe del Consell, enmiendas, aprobación en comisión y, finalmente en el pleno. Todo con la marcha atrás activada.

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