El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al ayuntamiento de València por el colapso en el padrón. El organismo reclama al consistorio que explique qué medidas ha tomado para solucionar este problema. Además le ha pedido también una respuesta sobre cómo funciona el empadronamiento en situaciones especiales, fundamental para que migrantes sin papeles o personas sin hogar accedan a este derecho.
El ayuntamiento, que no ha contestado en el plazo marcado por el organismo, ya se comprometió hace más de un año a tomar medidas para solucionar el atasco en el empadronamiento. En septiembre de 2021 aceptó todas las recomendaciones del Síndic tras una queja por este mismo tema, pero el colapso en la administración continúa. La situación viene de lejos ya que en 2020 más de 30 entidades de la ciudad reclamaron al consistorio solucionar este problema.
Como ha contado Levante-EMV, las trabas que se ponen a los inmigrantes para acceder a este derecho han propiciado la aparición de un mercado negro en el que los extranjeros llegan a pagar hasta 300 euros a particulares o a sus propios caseros para que les permitan empadronarse. Entidades y asociaciones denuncian que llevan años atendiendo casos como estos prácticamente a diario.
El empadronamiento es competencia de la concejalía de Desarrollo Económico y Hacienda, en manos de Borja Sanjuan (PSPV). València Acull, entidad que puso la queja al Síndic que ahora ha derivado en investigación, opina que "no ha puesto los medios necesarios para garantizar este derecho, y pese a los años no ponen solución". Paco Simón, portavoz de la entidad, también recrimina a concejalías como la de Cooperación y Migración, gestionada por Maite Ibáñez, que no se haya pronunciado sobre este tema.
El ayuntamiento, por su parte, adelanta a este periódico que está trabajando en un protocolo para que se aplique la normativa y que los propios centros de servicios sociales colaboren en el empadronamiento. Además explican que, desde el momento en que una persona empieza a tramitar ayudas (para algunas no se requiere padrón) ya sería posible empadronarlas en estos centros.
Preguntas sobre el padrón
Para empadronarse en València es necesario solicitar cita previa. Esta es la primera cuestión que entra a investigar el Síndic, que pregunta al consistorio por qué es obligatorio pedir turno para acceder al padrón y los motivos de esta organización. También pide saber si el plazo máximo de la cita no supera los quince días (ya que el ayuntamiento se comprometió el año pasado). Además, reclama conocer si hay reclamaciones por el mal funcionamiento de este sistema y cuál es la respuesta del ayuntamiento.
Otro de los asuntos que recrimina el Síndic es la mala labor comunicativa del ayuntamiento. El organismo pregunta por qué "no ha sido puesto al alcance de la ciudadanía", información importante sobre cómo realizar las gestiones del padrón.
Por otro lado también le solicita si están definidas "las vías de información a las personas" sobre los trámites que se tienen que realizar para atender su solicitud (como la verificación del domicilio y el modo, objetivo y límites de esta comprobación). Todo ello con el objetivo de que los ciudadanos tengan toda la información sobre el proceso.
A continuación, el organismo reclama al ayuntamiento las solicitudes de empadronamiento especial presentadas, así como otros datos estadísticos para saber la evolución de las oficinas del padrón en la ciudad. El consistorio no ha contestado tras el mes que tiene de plazo y pidió un aplazamiento de otro mes para contestar, pero el Síndic se lo ha denegado por no estar bien justificado y le pide una respuesta inmediata.
Las consecuencias de quedarse fuera
En la investigación se hace especial hincapié en el empadronamiento especial, fundamental para que personas sin hogar, en infraviviendas, o extranjeros sin papeles puedan registrarse. La entidad pregunta de qué manera está regulado este procedimiento y si se ha debatido con el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (formado por asociaciones de la ciudad).
Las asociaciones explican que no ha sido así, y achacan al ayuntamiento su mal hacer en los casos de empadronamiento especial. A mediados de este año elaboraron un informe sobre el tema, explicando los principales problemas, pero se quejan de que el ayuntamiento no les ha dado la oportunidad de compartirlo.
En el documento hay 32 casos registrados, la mayoría de mujeres colombianas y venezolanas, pero también (6,3 %) casos de ciudadanos españoles. La gran mayoría de personas que manifestaron problemas decían estar en situación irregular y normalmente en habitaciones compartidas.
Los principales problemas para empadronarse en València (según este informe) son los siguientes. En primer lugar la ausencia de citas, ya que el ayuntamiento da hora de un mes para otro, pero la alta demanda hace muy complicado sacar una. También denuncian la falta de documentación, las trabas por estar en una situación de calle, la negativa de empadronar por parte de la arrendadora o compañeras de piso, la estancia en infraviviendas, el número elevado de personas empadronadas en el mismo domicilio, vivir en un recurso como una oenegé, o la exigencia de dinero a cambio de empadronarse.
Por último, las asociaciones hablan del "miedo a la policía". Con esto se refieren a que, cuando una persona vive en una infravivienda, o un extranjero comparte piso con más personas que no tienen papeles, es necesario que la policía se persone en el lugar donde vive y compruebe que esto es así. Esta situación produce desconfianza, sobre todo para los extranjeros en situación irregular, que temen que les incoen una orden de expulsión aunque legalmente esto no debe ser así.
Por eso, entidades como Valencia Acull proponen que sean trabajadores sociales o empleados del ayuntamiento los que hagan esta labor de comprobación para evitar que, por miedo a la policía, muy pocas personas recurran a esta vía de empadronamiento especial.
Las consecuencias de no tener el padrón también las ha contado este periódico, pero según el informe de las entidades van desde "la falta de asistencia sanitaria, registrándose incluso en situaciones de enfermedades graves y embarazos", hasta la "imposibilidad de acceder a ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o las becas comedor".
Pero no acaba aquí. Las entidades también remarcan que las personas que no se pueden empadronar también tienen dificultades para pedir asilo, les niegan la atención en centros de servicios sociales, tienen problemas en la escolarización de menores, complicaciones para regularizar su situación administrativa o para abrir una cuenta bancaria, entre muchas otras.
