La abundante documentación incautada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha permitido abrir una nueva vía de investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó y de la desaladora de Moncofa. Esta nueva derivada del caso Azud, que comenzó a investigarse en 2015 y que inicialmente afectó a José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa de València (1991-2015) Rita Barberá y su vicealcalde Alfonso Grau, por el presunto trato de favor al empresario Jaime Febrer, por parte de los máximos dirigentes del PP de la ciudad de València durante varias décadas.

Aunque este promotor era de los que gustaba poner "huevos en todas las cestas". De ahí que la documentación intervenida a Febrer confimó la relación del empresario con destacados miembros del PSPV-PSOE como el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, el jurista José Luis Vera y el ex responsable de finanzas socialistas, José María Cataluña.

La documentación incautada al ex responsable de finanzas socialistas, durante los registros realizados en mayo de 2021, ha permitido a los agentes de la UCO tirar del hilo de una posible financiación ilegal del PSPV-PSOE en las elecciones de 2007. Un delito, el de la financiación ilegal, que formalmente no puede investigarse si se cometió en 2007 ya que no se introdujo en el Código Penal hasta 2015.

Pagar la campaña de 2007

Si se llegaron a pagar mordidas, como apuntan los indicios recabados por los investigadores del caso Azud, sólo se podrían investigar por el delito de cohecho. Ya que si el destino de las mordidas era financiar la campaña electoral de 2007, el presunto delito electoral ya habría prescrito (ya que sólo se puede perseguir cinco años después).

Las pesquisas de los investigadores han permitido recabar indicios del presunto amaño de un contrato del trasvase Júcar-Vinalopó adjudicado provisionalmente el 12 de julio de 2006 por Aguas del Jucar SA [desde el 1 de enero de 2008 Acuamed (Aguas de la cuenca del Mediterráneo)] a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA-Construcciones Luján por un importe de adjudicación, IVA concluido, de 46.109.320,66 euros.

Para recabar más datos sobre esta supuesta adjudicación amañada, el Juzgado de Instrucción 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción autorizaron entradas y registros y requerimientos judiciales de documentación en las sedes empresariales de Acciona en València y en Madrid. Y también en las oficinas de la mercantil Construcciones Luján, que ya se vio implicada en el caso Taula por el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos en la Diputación de València y patrocinios al Olímpic de Xàtiva, que estuvo presidido por el exalcalde del Partido Popular Alfonso Rus de 2006 a 2014. Durante los registros se han tomado declaraciones a testigos e investigados aunque, según las fuentes consultadas por Levante-EMV no se han producido detenciones  a lo largo de la operación desarrollada durante de todo el día de ayer.

La UCO también ha registrado la sede de la empresa que canalizó los pedidos del material electoral supuestamente pagado por los empresarios ahora investigados

Los nueve registros desplegados ayer -seis en las sedes de cuatro empresas y tres en los domicilios de los máximos responsables de tres de ellas- son la fase de explotación de la pieza separada que investiga la UCO bajo la dirección de la jueza y de la Fiscalía Anticorrupción, y que continúa secreta. Además de las ya citadas, en Riba-Roja de Túria fue registrada la sede de Cronosport, la mercantil que habría canalizado los pedidos del material electoral supuestamente pagado por los empresarios ahora investigados. Las oficinas de esa firma ya fueron registradas durante la fase de explotación de la segunda fase de Azud, en mayo en 2021.

La desaladora de Moncofa

Respecto a los registros realizados en Castelló, los investigadores del caso Azud también recabaron documentación en las instalaciones de dos empresas relacionadas con Facsa (Fomento Agrícola Castellonense SA), que resultó adjudicataria de la construcción de la desaladora de Moncofa el  25 de enero de 2008, en UTE con otras empresas, aunque no consta que ayer se practicaran registros en el resto de mercantiles.

Respecto a la provincia de Alicante, los registros podrían estar relacionados con el PAI (programa de actuación integrada) el Espartal de Xixona (l'Alacantí) y otras contrataciones de la empresa Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) actuacines que ya están siendo investigadas en el caso Azud desde se produjo la segunda operación policial de esta causa en mayo de 2021 y que acabó con el empresario Jaime Febrer, Alfonso Grau (PP) y Rafael Rubio (PSPV) detenidos entonces.

La “condición de adjudicación” que la UCO halló en el domicilio del exresponable de finanzas del PSPV


L. Ballester/T. Domínguez

Entre los papeles requisados a José María Cataluña en su domicilio, en un municipio del Camp de Morvedre, y examinados por la UCO de la Guardia Civil se encontraban anotaciones y esquemas sobre el presunto pago de una comisión del 6% respecto al importe total de la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó por la empresa Pública Aguas del Júcar SA (a partir del 1 de enero de 2008 Acuamed (Aguas de la cuenca del Mediterráneo). El tramo E del Júcar-Vinalopó de 17,5 kilómetros discurrió entre las poblaciones de Vallada y La Font de la Figuera (la Costera), que fue el más caro y que ascendió a 46,1 millones de euros

En el esquema de esta presunta mordida, como "condición de adjudicación" aparecía que la UTE adjudicataria del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó debía hacer frente al abono de 2 millones de euros.


Pagos en función de la participación

Cada empresa de la unión temporal de empresas supuestamente abonaba en función de su participación empresarial: Acciona, con el 70 %, aportaría 1,4 millones de euros y Construcciones Luján, con el 30 % restante, 600.000 euros para, supuestamente, conseguir ser adjudicatarias del tramo E de la conducción hídrica entre el Júcar y el Vinalopó, según la documentación hallada a José María Cataluña durante los registros de la segunda operación del caso Azud en mayo de 2021.

Fuentes de Acciona aseguraron ayer que “efectivamente, las autoridades judiciales han solicitado una documentación a Acciona Construcción y ha sido facilitado con el objeto de esclarecer los hechos, que están bajo secreto de sumario” por lo que tampoco disponían de mucha más información. Desde Construcciones Luján declinaron realizar declaraciones.