La gestión de las empresas públicas estatales Aguas del Júcar SA (ya extinguida) y Acuamed podrían estar bajo la lupa judicial en el caso Azud durante la gestión realizada bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Medio Ambiente (2004-2008), Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE y senadora por Madrid.

Una lupa judicial que, según la escasa información que ha trascendido en esta pieza secreta, se ha fijado en la adjudicación presuntamente amañada del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó entre Vallada y la Font de la Figuera, adjudicado por Aguas del Júcar provisionalmente el 12 de julio de 2006. Las adjudicaciones de los cinco tramos del trasvase se encontró en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE (1999-2004) y exvicepresidente de Bancaja, Jose María Cataluña. También un esquema de cómo debían afrontar las supuestas mordidas las empresas en función de su representación accionarial en la unión temporal de empresas.

También se analiza la adjudicación de la desaladora de Moncofa en 2008 que la empresa estatal Acuamed concedió a una unión temporal de empresas de la que, por ahora, sólo se tiene conocimiento que se investiga a una empresa de Castelló. Además de la previsible investigación de los máximos responsables de las empresas presuntamente implicadas en el pago de estas mordidas (Acciona, Construcciones Luján y Facsa), los investigadores también detendrán la mirada en los directivos de ambas empresas estatales, designados por el Ministerio de Medio Ambiente. En concreto, Aguas del Júcar SA tuvo como consejero delegado a José María Marugan entre 2004 y 2008. La sociedad fue absorbida por Acuamed a partir del 1 de enero de 2008, que estuvo dirigida por Adrián Baltanás, estrecho colaborador de Narbona, desde 2004 hasta 2009. La Confederación Hidrográfica del Xúquer estuvo presidida todos estos años por Juan José Moragues.