El consejero de la empresa pública estatal que adjudicó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó y uno de los empresarios que construyó el tramo investigado en el caso Azud declararon ayer ante los agentes del grupo de delincuencia económica III de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La segunda jornada de declaraciones ha tenido como centro de operaciones la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix por donde han desfilado ante los agentes media docena de personas, entre investigados y testigos en esta tercera fase de la Operación Azud, que investiga en una pieza separada los supuestos sobornos pagados por empresarios a dirigentes del PSPV-PSOE para supuestamente financiar el partido y las elecciones de 2007.
Entre las personas que comparecieron ayer ante los agentes de la UCO está el consejero delegado de la empresa Aguas del Júcar SA de 2004 a 2008, José María Marugán, que acudió acompañado de varias personas. Una de ellas sería presumiblemente su abogado, ya que al estar la causa secreta fuentes judiciales oficiales declinan confirmar si la comparecencia de Marugán se produjo como testigo o como investigado. La presencia de un letrado y el escaso tiempo que permaneció en las dependencias de la Guardia Civil sí permiten deducir que Marugán estaría investigado en esta nueva pieza del caso Azud y que se habría acogido a su derecho a no declarar. Al abandonar la Comandancia, declinó realizar ninguna declaración. "No tengo nada que decir", aseguró.
El cambio de trazado del Júcar-Vinalopó
Marugán fue un estrecho colaborador y amigo personal del ex secretario general del PSPV-PSOE y candidato a la Generalitat en las elecciones de 2007, Joan Ignasi Pla. De hecho, Marugán fue nombrado como máximo responsable de Aguas del Júcar SA [sociedad creada el 21 de octubre de 1998 y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)], por decisión de la ministra de Medio Ambiente en 2004, Cristina Narbona, y a propuesta del líder de los socialistas valencianos en aquella época. Químico de profesión y funcionario por oposición (ganó una plaza en el Consell Metropolitá de l’Horta donde se reincorporó tras cesar en Aguas del Júcar), Marugán también fue director general de Calidad Ambiental en el Gobierno de Joan Lerma y dirigió la ventanilla única de asesoramiento empresarial, impulsada por la Cámara de Comercio de Valencia y la Generalitat.
Al frente de Aguas del Júcar SA, Marugán fue quien decidió modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó con el cambio de la toma de agua inicial de Cortes de Pallás al Assut de la Marquesa en Cullera, lo que provocó un agrio enfrentamiento con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que llegó a los tribunales. Bajo la batuta de Marugán se adjudicaron provisionalmente los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó.
Al menos en uno de los tramos, el E (el más caro de todos), las empresas adjudicatarias habrían presuntamente pagado una comisión a cambio de lograr la adjudicación de las obras, según la documentación requisada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil en la vivienda de José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV-PSOE (1999-2004), durante los registros realizados en mayo de 2021. Los agentes encontraron anotaciones y esquemas sobre el presunto pago de una comisión del 6% respecto al importe total de la adjudicación de ese tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, de 17,5 kilómetros entre Vallada y La Font de la Figuera (la Costera), que fue el más caro y que ascendió a 46,1 millones de euros. En el esquema de esta presunta mordida, como "condición de adjudicación" aparecía que la UTE adjudicataria del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó debía hacer frente al abono de 2 millones de euros. Los adjudicatarios de estas obras fueron la unión temporal de empresas (UTE) Acciona-Construcciones Luján.
Luján "está colaborando con las autoridades"
Precisamente el representante de esta última empresa, Javier Luján, también compareció ayer ante los agentes de la UCO, a primera hora de la mañana. Luján se acogió a su derecho a no declarar, como suele ser habitual en estos casos, cuando la causa está bajo secreto del sumario. Fuentes cercanas al empresario sí aseguraron a Levante-EMV que "se encuentra colaborando con las autoridades" por lo que recordó su "deber de no proporcionar información alguna" sobre la investigación debido al secreto de sumario sobre las actuaciones. Las mismas fuentes próximas al constructor también señalaron que "nunca ha existido condena penal ni de ninguna otra naturaleza contra Javier Luján", ya que "las causas incoadas en su momento se encuentran en su práctica totalidad archivadas". Y "respecto de las que continúan vigentes, no existe escrito alguno de acusación dirigido contra su persona", asegura en referencia, aunque sin citarla, a la pieza principal del caso Taula.
Investigados por siete delitos
Como ayer informó Levante-EMV, los delitos por los que estarían siendo investigados los nuevos imputados serían los mismos de los que ya están acusados los 60 investigados desde el inicio del caso: cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita y organización criminal, en función de la participación de cada uno de los investigados en las distintas tramas.
El delito de financiación ilegal no se persigue en esta causa porque no se introdujo en el Código Penal hasta 2015 y los hechos que se investigan en el caso Azud se circunscriben a los años 2007-2013. Si se llegaron a pagar mordidas, como apuntan los indicios recabados por los investigadores del caso Azud, sólo se podrían investigar por el delito de cohecho, que no prescribe hasta los 15 años de su comisión. Si el destino, como parece, de esos sobornos era financiar la campaña electoral del PSPV-PSOE en 2007, el presunto delito electoral ya habría prescrito, ya que solo es perseguible durante cinco años.
