Los tres partidos del Botànic han alcanzado esta tarde el acuerdo que permite al Consell aprobar mañana la bajada de impuestos a las rentas inferiores a 60.000 euros anunciada por el president, Ximo Puig, en el último debate de política general, hace un mes.
El Gobierno valenciano de izquierdas acordará una rebaja fiscal a las rentas medias y bajas con todos los conceptos adelantados por Puig en las Corts y que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2022.
Compromís y Unides Podem estaban de acuerdo en la filosofía de la medida pero habían exigido al PSPV un aumento tributario a las rentas altas para compensar la merma de ingresos en las arcas públicas. El pacto fiscal alcanzado hoy, después de varias semanas de negociación, contempla una subida, si bien existen dudas aún sobre si demorar la información de los detalles de esta hasta la aprobación del presupuesto de 2023, que es donde se incluirá esta variación. La razón es que el incremento, como se ha publicado, no puede ser retroactivo, así que tendría vigor a partir de 2023 y entraría dentro de la declaración fiscal a realizar en 2024, después por tanto de las elecciones autonómicas y generales de 2023. Ese escenario abre la posibilidad a algún cambio posterior en función de los resultados en las urnas.
Subida a partir de 2023 y declarable en 2024
En todo caso, según las fuentes consultadas de distintos partidos del Botànic, se producirá un aumento en el impuesto de Patrimonio a partir de 2023, aunque no sería tan impactante como habían pedido los socios. Puig ha defendido que la Comunitat Valenciana ya contaba con la carga fiscal más fuerte para las rentas altas. Según ha podido saber este diario, el incremento en la tasa de Patrimonio afectaría a los últimos cuatro tramos, es decir, a rentas por encima de 1,3 millones de euros. El límite del tramo más alto se baja igualmente de 10,6 millones a 10 millones, lo que se considera que también producirá más ingresos.
Por otra parte, habrá un incremento en el impuesto de transmisiones patrimoniales para quienes adquieran una vivienda a partir de ese valor: se pasará a pagar del 10 al 11 %.
Asimismo, también habrá alguna variación en el IRPF para los que cuentan con ingresos más elevados, siempre que lo aprobado llegue a estar vigente en 2024, cuando se harán las declaraciones de 2023. Según la información recabada, la nueva escala afectaría a quienes ingresan más de 75.000 euros anuales a partir del año próximo.
Puig anunció el jueves pasado, en la última sesión de control al Consell en Corts, que la reforma fiscal se aprobaría mañana en un pleno extraordinario del Gobierno y, finalmente, esto será así tras las últimas horas de negociación con los socios.
La rebaja fiscal de Puig para paliar los efectos de la inflación generó polémica en su momento al exhibir el Gobierno central recelos a la medida, aunque fuera dirigida a las rentas bajas. Moncloa consideró que podía romper el discurso sobre la importancia de los impuestos. Al final, el Ministerio de Hacienda también ha anunciado algún alivio tributario a las rentas inferiores, aunque no por la vía del IRPF.
La cuestión tributaria ha marcado este curso político. Puig lo abrió el 5 de septiembre con una conferencia en València en la que ya adelantó su intención de proponer cambios fiscales ante los efectos de la inflación entre las clases bajas y medias. Después fue Andalucía, con presidente del PP, la que agitó el debate al emular a Madrid en bonificar el impuesto de Patrimonio en un intento de atraer a ricos.
La Comunitat Valenciana, en este sentido, ha liderado a las autonomías que han apostado por bajar la presión a las rentas medias. Al final, se ha mantenido la barrera de los 60.000 euros de ingresos que señaló Puig.
