Isaac pega botes en el colchón al lado de su toalla de Spiderman. Mientras, Aroa y Samuel rememoran la última vez que los empleados de la empresa de seguridad privada se plantaron en su puerta para echarlos de casa. El pasado mes de junio les llegó un papel del juzgado que les informaba que estaban acusados de un delito de usurpación de vivienda, que puede llevar hasta dos años de cárcel. La demanda iba a nombre de un inspector de seguridad privado.
Pero el dueño real del piso es un fondo buitre. Ellos son los que, legalmente, podrían reclamar la casa, y de hecho lo están haciendo a través de llamadas telefónicas en las que han llegado a ofrecer 5.000 euros para que Aroa, Samuel y su hijo Isaac se vayan "por las buenas".
Y aún así, el desalojo por la vía penal está conducido por la empresa Securitas. Esto es posible gracias a que el fondo oportunista otorga poderes a un inspector de la compañía para poder instalar cámaras de seguridad y tomar la posesión de la vivienda, entre otros, según explica María José Alamar, abogada experta en derecho a la vivienda de Aliter Abogados. Securitas, contactada por este medio, no ha querido responder a las preguntas.
Alamar asegura que esta técnica está comenzando a ser replicada por más fondos de inversión para que sean las empresas de seguridad privada las que se encarguen de todo el proceso de desahucio en su nombre. Además, presentan las demandas por la vía penal, con consecuencias más duras para los inquilinos y también más rápida en caso de que el juez autorice al desalojo.
Samuel y Aroa ocuparon la vivienda en el mes de junio, cuando una persona les ofreció pegar la patada a cambio de 700 euros. Totalmente desesperados y al no encontrar más alternativa, pagaron y se metieron en la casa. "Ya sabíamos que era un piso de un fondo financiero que llevaba un montón de años vacío, cuando pasamos había un dedo de polvo en el suelo, llevaría 6 o 7 años sin nadie", explica Samuel.
Rápidamente la alarma que ya estaba colocada por Securitas saltó y los empleados llegaron a la puerta. "Nos dijeron que teníamos hasta el día siguiente a las 9 para irnos, o que si no sería peor", dice Aroa. No se fueron y los empleados les denunciaron (como apoderados del fondo buitre) por usurpación de vivienda. Les dieron de nuevo diez días de plazo, y llegaron las ofertas; "2.500 euros si nos íbamos sin hacer ruido", recuerda Aroa. Pero no se fueron porque no tenían a dónde.
El juez, al constatar que hay un niño de 5 años en la vivienda paralizó el proceso. El 23 de agosto hubo un nuevo intento que también se paró, pero nada les indica a Aroa y Samuel que el fondo buitre no continúe presionando. Al final ofrecen a la pareja 5.000 euros, pero siguen rechazándolos porque "con ese dinero no vamos a ningún sitio, nosotros lo que necesitamos es una vivienda que podamos pagar para alquilar".
Jóvenes precarios
Porque pueden pagar. Los dos trabajan, tienen estudios de auxiliar de enfermería, y aún así son incapaces de encontrar una casa asequible en el mercado inmobiliario de València. Aroa ha sido "carrista en Carrefour, en el Makro, trabajadora de limpieza, camarera, trabajadora de la Renfe, etc, etc". Samuel más de lo mismo, su último trabajo fue de auxiliar en una residencia pero "en cuanto llegas al año y pico y tienen obligación de hacerte fijo te echan". "Todos los trabajos que tenemos son inestables, ahora estamos un par de meses en el paro, pero encontraremos algo pronto", dice Samuel.
Aroa es la que se ha encargado de peregrinar por todas las administraciones, como la oficina por el derecho a la vivienda del ayuntamiento de València o su centro de servicios sociales más cercanos, donde les dicen que "no nos pueden ayudar hasta que no nos quedemos en la calle". Con todo eso, conseguir un alquiler en la ciudad de València es misión prácticamente imposible, aunque los dos trabajen. "Como nos ven jóvenes nos piden mil requisitos, nóminas de más de un año, aval, tres y cuatro meses de fianza... Y los precios están por las nubes. Llevamos muchísimo tiempo buscando y si nos hemos metido a ocupar un piso es porque no teníamos otra alternativa".
"Guardas" de las viviendas
Esta es una de las técnicas que están comenzando a usar los fondos buitre porque, como explica Alamar, "en realidad es una buena fórmula para tener segura la casa. Muchos inquilinos que desalojan les hacen dación en pago solo por tener a una familia viviendo dentro mientras esperan", dice la abogada. Al mismo tiempo "aprovechan para instalar los sistemas de alarmas y poner un sistema antiocupas".
El siguiente nivel es la utilización de "guardas". Como explica Alamar, "hemos visto casos de fondos buitre que permiten a personas vivir gratis en esas casas para que las vigilen. Una casa ocupada no se ocupa", remarca. Es cuando tienen apalabrada la casa y pueden darle salida cuando mueven a esa persona a otra vivienda distinta.
Alamar asegura incluso que, en los casos en los que un fondo buitre compra edificios enteros "mete a gente 'poco presentable' para conseguir que el resto de vecinos ceda a la presión y decida irse al final por su propio pie". Una de sus antiguas clientas, explica, "era propietaria, pero el ambiente era tan malo en la finca que acabo vendiendo el piso".
