El conseller de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, han dado esta mañana los detalles de la reforma fiscal valenciana después del pleno del Consell que ha aprobado la iniciativa que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado 5 de septiembre y profundizó después en el debate de Política General.

España ha asegurado que se pone dentro de una norma la regulación de tramos del IRPF de forma que será retroactivo y se aplicará a la declaración que se realiza en 2023. Es una reforma para la mayoría, ha dicho el conseller. Las rentas de 30.000 absorben la mayor parte de la rebaja. «Está centrada en las clases medias y trabajadoras», añade el titular de Hacienda, con un efecto retroactivo.

España ha destacado el incremento de deducciones y límites de renta para acceder a ellas. Se aumenta la cuantía y el límite de renta y además se crea una nueva tarifa que permite que los beneficios de la norma se concentren en los contribuyentes en quienes ganan menos de 60.000 euros. Muchos más valencianos tendrá cuota cero en la declaración, ha añadido el conseller.

El impacto de la rebaja es de 150 millones con una estimación al alza de 180 millones, añade España, mientras que la subida en el caso de Patrimonio supone 25 millones y en transmisiones patrimoniales, para operaciones de más de un millón, de 15 millones. "Se hace política social con la política fiscal, no tenemos todas las competencias". "Lo que dejamos de ingresar tiene un impacto reducido sobre el presupuesto. Falta por conocer el impacto en la recaudación de la subida del IRPF a las rentas de más de 60.000.

Los tres partidos del Botànic alcanzaron el domingo el acuerdo que permite al Consell aprobar mañana la bajada de impuestos a las rentas inferiores a 60.000 euros anunciada por el president, Ximo Puig, en el último debate de política general, hace un mes.

Compromís y Unides Podem estaban de acuerdo en la filosofía de la medida pero habían exigido al PSPV un aumento tributario a las rentas altas para compensar la merma de ingresos en las arcas públicas.

Se producirá un aumento en el impuesto de Patrimonio a partir de 2023, aunque no sería tan impactante como habían pedido los socios. Puig ha defendido que la Comunitat Valenciana ya contaba con la carga fiscal más fuerte para las rentas altas. El incremento en la tasa de Patrimonio afectaría a los últimos cuatro tramos, es decir, a rentas por encima de 1,3 millones de euros. El límite del tramo más alto se baja igualmente de 10,6 millones a 10 millones, lo que se considera que también producirá más ingresos.

Por otra parte, habrá un incremento en el impuesto de transmisiones patrimoniales para quienes adquieran una vivienda a partir de ese valor: se pasará a pagar del 10 al 11 %. Asimismo, también habrá alguna variación en el IRPF para los que cuentan con ingresos más elevados, siempre que lo aprobado llegue a estar vigente en 2024, cuando se harán las declaraciones de 2023. Según la información recabada, la nueva escala afectaría a quienes ingresan más de 75.000 euros anuales a partir del año próximo.

La rebaja fiscal de Puig para paliar los efectos de la inflación generó polémica en su momento al exhibir el Gobierno central recelos a la medida, aunque fuera dirigida a las rentas bajas. Moncloa consideró que podía romper el discurso sobre la importancia de los impuestos. Al final, el Ministerio de Hacienda también ha anunciado algún alivio tributario a las rentas inferiores, aunque no por la vía del IRPF.

La cuestión tributaria ha marcado este curso político. Puig lo abrió el 5 de septiembre con una conferencia en València en la que ya adelantó su intención de proponer cambios fiscales ante los efectos de la inflación entre las clases bajas y medias. Después fue Andalucía, con presidente del PP, la que agitó el debate al emular a Madrid en bonificar el impuesto de Patrimonio en un intento de atraer a ricos.

La Comunitat Valenciana, en este sentido, ha liderado a las autonomías que han apostado por bajar la presión a las rentas medias. Al final, se ha mantenido la barrera de los 60.000 euros de ingresos que señaló Puig.