El secretario de la Diputación de València desde el año 2000 hasta la actualidad y del consejo de administración de Imelsa-Divalterra (entre noviembre de 2014 y abril de 2016 y desde julio de 2018 hasta su disolución) , Vicente B. M., declaró ayer como testigo en el caso Alquería que "nunca, como secretario del consejo de administración, supe de las [siete] contrataciones de alta dirección, ni se hablaba en la Diputación de València". El funcionario habilitado nacional también ha confirmado, a preguntas del Fiscal Anticorrupción del caso Alquería, que nadie le pidió opinión sobre la estructura creada en Imelsa (después Divalterra) por la nueva corporación del socialista Jorge Rodríguez, en sustitución de Alfonso Rus.
La vista del juicio contra catorce personas por la presunta malversación en la contratación irregular de nueve altos cargos en Imelsa-Divalterra se retomó ayer, tras una semana de paréntesis, con la declaración como testigos del secretario de la Diputación de València y del exdiputado popular y exgerente de Imelsa, Rafael Soler.
En su declaración, Vicente B. M. ha relatado que las tres primeras contrataciones de altos cargos realizadas en Imelsa (la de los dos gerentes, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y el jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera) se debería haber realizado por un proceso de selección y en función del mérito y capacidad. Un mandato legal que obviaron los nuevos responsables de la Diputación de València a partir de 2015. El secretario ha asegurado que se enteró de esta decisión por José Manuel Orengo, el primer jefe de gabinete del presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez. El secretario aseguró que Orengo le dijo: "Tranquilo, todos los partidos del gobierno están de acuerdo" sobre los nuevos nombramientos. En el primer consejo de administración de la nueva administración, el secretario advirtió, en respuesta a la pregunta del consejero del PP Rafael Soler, que la elección de los tres nuevos directivos "tenía que hacerse por publicidad, méritos y capacidad. Pero cuando terminé de hablar, aunque Orengo no era miembro del consejo de administración, dijo que el número de altos consejeros no era limitativo y que los contratos de alta direccion no tenían que someterse a mérito, capacidad y directamente se pasó a la votación. Yo ya había dicho lo que opinaba y no intervine más". Después, en el interrogatorio por parte de los abogados de las defensas, el secretario ha admitido que esta designación inicial de los tres altos cargos podía acogerse a una excepcionalidad del reglamento interno de Imelsa. Estas tres primeras contrataciones no forman parte del caso Alquería.
El secretario de la Diputación y del consejo de administración de Imelsa sí aseguró sobre los contratos en entredicho que no se enteró de las siete contrataciones de altos cargos "hasta mayo de 2016, cuando fue a la junta general el informe del auditor sobre las cuentas de 2015 que incluía las contrataciones y los sueldos". Asegura que durante todo ese tiempo "nadie me pidió informes. En esa época yo ya no soy secretario de Divalterra y me entero como secretario general de la junta general, pero no pregunté nada, ni informaron de nada". Tampoco se interesó por el asunto, en febrero de 2018 cuando se intentó nombrar a dos nuevos altos cargos en Divalterra. "No participé. Eso era cosa de Divalterra que era completamente autónoma". Sobre cómo acabó Jorge Cuerda de secretario letrado-asesor del consejo de administración de Divalterra, Vicente B. M. declaró que "al presidente no le gustaba el funcionamiento de Imelsa-Divalterra, porque no hacían las cosas que el presidente quería" y se buscó la fórmula para que Jorge Cuerda "trabajara para presidencia. Había interés", declaró.
El secretario sí ha desvelado que Ricard Gallego, segundo jefe de gabinete que tuvo el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, le preguntó en 2018 si él haría un informe sobre las contrataciones, "que levantaban mucha polémica". "Yo le contesté que sí, pero que no le iba a gustar", el sentido del informe, ha asegurado durante su comparecencia.
El secretario volvió a formar parte del consejo de administración de Divalterra en julio de 2018, tras la renuncia de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación, de Jorge Cuerda como letrado asesor y los dos gerentes. Según el testimonio del secretario de la Diputación, "se produjo un vacío muy grave en Divalterra y no se podía pagar ni la nómina. El presidente [de la Diputación, Toni Gaspar] me pidió que en el primer consejo actuara como secretario. Era un momento terrible de vacío de órgano de gobierno. La vicepresidenta primera [Maria Josep Amigó] asumió la presidencia del consejo de administracion", explicó.
Por último, también ha declarado el exdiputado y exconsejero de Divalterra, Rafael Soler (que sustituyó a Marcos Benavent, el yonki del dinero al frente de Imelsa durante la etapa de Rus en la Diputación), quien confirmó que advirtió en el primer consejo de administración de Imelsa con el nuevo equipo de gobierno que "no era adecuado el nombramiento de los dos cogerentes sin publicidad y el secretario me dio la razón". Y tambié que votó "en contra del nombramiento de José Luis Vera" como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública. De los nueve contratos de alta dirección en entredicho Soler ha asegurado que se enteró "por la prensa" tanto de las contrataciones como de los despidos.
