Cinco activistas del sindicato de barrio Construyendo Malilla han recibido sanciones por valor de 2.500 euros tras tratar de impedir el desahucio de una familia con dos niños de 7 y 4 años en este barrio de València. Las sanciones son por incumplimientos de la ley de seguridad ciudadana, también conocida como "ley mordaza".
Se trata de cuatro multas de carácter grave por "obstrucción a las resoluciones judiciales", que pueden ir desde 601 euros hasta 3.000 cada una. La quinta es una sanción leve de unos 100 euros por "faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Activistas del sindicato de barrio explican que "se identificaron a muchísimas personas durante el desahucio", y temen que lleguen nuevas sanciones.
El desalojo, para el cual se movilizaron más de una veintena de agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se saldó con tres detenidos. A estas tres personas se les imputan atentado contra un agente de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, esto último solo a dos de ellos. El juez ha aprobado como medida cautelar que tengan que firmar en juzgados una vez al mes.
El sindicato de barrio Construyendo Malilla tachó la actuación policial como "muy violenta" y denunció la "brutalidad policial" durante el desahucio ejecutado entre las 8 y las 10 de la mañana de este lunes. Medio centenar de personas se plantaron en la puerta de la vivienda y tuvieron que ser movilizadas una a una por los agentes hasta dejar la puerta libre, donde más activistas se atrincheraron dentro de la vivienda, hasta que la policía tuvo que tirar la puerta abajo para desalojar el piso. Construyendo Malilla ha anunciado en sus redes sociales la creación de un crowdfounding para ayudar a pagar las multas.
Se trataba de una vivienda ocupada en el mes de agosto por una familia con dos niños de 7 y 4 años, ante, según explican los afectados, la falta de vivienda alternativa. La familia ha dormido varias noches en un albergue municipal tras la intervención de los servicios sociales, y en los próximos días serán trasladados a una vivienda pública con un alquiler asequible, según informaron fuentes de la concejalía de servicios sociales.
Como explicaban los activistas "la familia del barrio se encontraba en la calle y sin alternativa habitacional, en medio del proceso de regularizar su situación (son extranjeros) y sin el apoyo institucional a la hora de encontrar una vivienda digna".
Quinto intento de desahucio
Se trataba del quinto intento de desahucio de la vivienda, propiedad de una sociedad inversora valenciana, y también de la segunda familia que permanecía ahí dentro. Farid y Karima se metieron en el piso como ocupas en agosto, ante la falta de vivienda alternativa, y pese a la presencia de dos niños en la casa el juez decidió seguir adelante con el desalojo previsto. Ese era el quinto desahucio, los otros cuatro iban a nombre de Laura.
Laura es una madre de familia natural del barrio de Malilla, en València, que tuvo que rehipotecar su casa en los tiempos más duros de la crisis financiera. Esa decisión provocó que no tuviera dinero para hacer frente a su deuda y acabara por dejar de pagar. Vivía en esa casa con sus dos hijos menores de edad e intentaron desahuciarla cuatro veces. Dos de ellas las paró un juez al entender que había menores en la casa, y las otras dos la pararon los vecinos y vecinas del sindicato de barrio Construyendo Malilla con una protesta a pie de puerta. Incluso una resolución de la ONU medió para que se quedara.
Finalmente la administración consiguió una alternativa para Laura y sus hijos y ahora gozan de una vivienda pública con un alquiler asequible en otro barrio de València. Se llevaron sus cosas y se fueron del piso. Y a los pocos días entraron Farid y Karima como ocupas.
El juzgado entendió que, aunque los afectados esta vez sean otros, este es el mismo proceso y no caben más prórrogas ni aplazamientos. Así que Farid, Karima y sus hijos corrían un serio riesgo de quedarse en la calle. Tanto es así que un grupo de activistas durmieron con ellos esta noche pero, pese a la concentración en la puerta, no evitaron el desahucio.
