Los funcionarios de la Comunitat Valenciana tendrán aguinaldo estas Navidades. La Generalitat y los sindicatos acaban de pactar que los más de 190.000 trabajadores públicos de la administración valenciana cobrarán en diciembre los atrasos correspondientes al aumento de sueldo que acordaron a nivel estatal el Gobierno y UGT y CC OO. En total se estima que el importe ronda los 150 millones de euros.
El incremento contempla una subida adicional del 1,5 % para 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero de este año y aplica a todos los funcionarios del país, con independencia de la administración para la que trabajen. El Ministerio de Hacienda se comprometió a abonar esta diferencia junto a la nómina de noviembre, y a repercutir ese incremento en las siguientes, pero la Generalitat no tenía tan claro su calendario de pagos.
Este incremento se aplicará a las retribuciones de las plantillas de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las sociedades mercantiles de titularidad autonómica, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público, las universidades, los centros concertados y los centros universitarios dependientes de la Generalitat, en total, a unas 194.000 personas con una cuantía aproximada de 140,8 millones de euros.
A esta subida, según ha detallado Bravo a los representantes sindicales, hay que sumar otro incremento del 2,5 por ciento que se aplicará en 2023. "La Generalitat ha adoptado medidas para corregir el efecto de la inflación y para apoyar a las clases medias y trabajadoras y, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta la situación de los funcionarios y que ese 1,5 por ciento acordado llegue lo antes posible al personal de la Administración", ha subrayado la consellera Bravo.
Un sobrecoste de 350 millones
Y es que la subida de sueldo a los funcionarios tiene una traslación directa a las arcas públicas autonómicas, obligadas a replicar la mejora salarial con recursos propios. En total, la Conselleria de Hacienda estima que la subida pactada el año pasado, del 2 %, más el 1,5 % adicional acordado recientemente, ha tenido un sobrecoste de casi 350 millones de euros.: 197 millones por el aumento firmado en noviembre de 2021 y otros 150 por la revisión por los efectos de la inflación.
La ley da de margen a la Generalitat y a las entidades locales hasta marzo de 2023 para afrontar el importante desembolso, pero finalmente la mesa en la que la Conselleria de Justicia, Interior y Función Pública y los sindicatos negocian este tipo de asuntos que afectan a los funcionarios valencianos ha llegado a un acuerdo para abonar los atrasos este mismo año, en la nómina de diciembre.
Los ayuntamientos, al margen
El pacto entre Generalitat y sindicatos solo tiene efecto sobre los más de 161.000 funcionarios de la administración autonómica. Los ayuntamientos valencianos, donde trabajan más de 60.000 funcionarios, tienen libertad para abonar estos atrasos, siempre con marzo de 2023 como límite. Por su parte, los casi 35.000 trabajadores públicos adscritos a la Administración central que hay en la C. Valenciana recibirán el abono en la nómina de noviembre.
