El pleno del Consell ha aprobado este viernes la autorización a la Conselleria de Sanidad, que dirige Miguel Mínguez, para que reclame al Gobierno la deuda pendiente de más de 800 millones de euros por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas, así como a pacientes extranjeros que son atendidos en los hospitales o centros de Atención Primaria. Los desplazados sanitarios son las personas de otras autonomías o de otros países, que normalmente porque pasan sus vacaciones o tienen sus segundas residencias en el territorio autonómico, reciben asistencia médica puntual o periódica en la Comunitat Valenciana.
El importe de esta deuda asciende actualmente a 803,2 millones de euros y se tendría que haber percibido a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), que fue creado en el RDL 16/2012 como instrumento para compensar el gasto sanitario entre las comunidades autónomas debido a la atención de desplazados, y a través del Fondo de Cohesión Sanitaria por la atención al colectivo extranjero.
En cuanto al FOGA, la finalidad de este instrumento es también resolver el desequilibrio económico que se produce en aquellas comunidades autónomas que acogen un mayor número de turistas y, en consecuencia, atienden a un mayor número de población desplazada de otras comunidades de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Hasta la entrada en vigor del RDL 16/2012, el gasto de atención sanitaria a desplazados se hacía a través del Fondo de Cohesión para determinados tipos de asistencia programada en el ámbito de atención especializada.
En este sentido, a partir de su entrada en vigor y con la creación del FOGA, se incluyeron gastos de compensación por atención primaria, asistencia especializada no programada o la programada que no figura en las compensables, así como urgencias y prestaciones farmacéuticas.
23 millones por la atención en primaria
Desde el año 2012, la Comunitat Valenciana adeuda 23,1 millones de euros por la atención en primaria y 635,5 millones por la atención especializada a desplazados nacionales, que tendría que haber recibido a través del FOGA.
Por otro lado, la conselleria factura la atención sanitaria a los ciudadanos extranjeros, es decir, aquellos que disponen de Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia sanitaria recíproca.
El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) fue creado como instrumento para compensar el gasto sanitario entre las comunidades debido a la atención de desplazados
En este caso, son las comunidades quienes facturan la atención a los pacientes extranjeros, pero los pagos que realizan los terceros países por los cuidados a sus ciudadanos se transfieren a través de la Administración del Estado (Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad). Sobre dichos pagos, que se canalizan a través del Fondo de Cohesión, la Comunitat Valenciana tiene pendiente de recibir 144,6 millones de euros por la atención a ciudadanos extranjeros.
En febrero se adeudaban 741 millones
En definitiva, el importe total de la deuda del Estado con la Comunitat Valenciana y que se va a reclamar por la atención sanitaria a ciudadanos desplazados a través del FOGA (658,6 millones de euros) y a ciudadanos extranjeros a través del Fondo de Cohesión (144,6 millones) asciende a 803,2 millones de euros.
En febrero, aún bajo el mandato de la entonces consellera de Sanidad Ana Barceló, el monto de la deuda histórica que el Estado mantenía con la Comunitat Valenciana era de 741,6 millones a cuenta de la atención prestada a los desplazados sanitarios a fecha del 1 de febrero de 2022. Esta cantidad de dinero, según un informe redactado por la Subdirectora General de Recursos Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal Rosa Aurora Folch, surgía de sumar 652,1 millones, por desplazados nacionales, y 89,5, por extranjeros. Por tanto, la deuda en siete meses se ha elevado casi 62 millones.
