La casa de Esperanza ahora es de un fondo buitre. La suya, la de su hijo de 22, su hija de 28, y sus dos nietas de cinco y doce años. Se llama Promontoria Coliseum y es una de las filiales del fondo oportunista Cerberus en España, y no quiere negociar. Ella es solicitante de vivienda pública porque, si la echan, no tiene forma de alquilar otra casa.
Como Esperanza hay otras 11.432 familias en lista de espera para una vivienda pública de la Generalitat Valenciana, son el triple que en el mes de febrero. La demanda se concentra en València, con 6.228 familias a la espera de una vivienda, seguido de Alicante con 3.977 y Castelló con 1.227.
El parque público tiene ahora mismo 14.631 casas, la gran mayoría ya habitadas. Así que sería necesario ampliar un 80 % el número de viviendas sociales para dar respuesta a la demanda que hay ahora mismo. En toda la legislatura el parque público ha crecido 767 viviendas.
El gran aumento del registro se explica porque Vivienda decidió crear uno nuevo en octubre de 2021. Entonces había 19.000 familias registradas, pero según conselleria se trataba de una lista muy antigua con personas que ya no necesitaban de esas viviendas, con lo cual había que renovarla.
En febrero este diario publicó que había 4.300 familias en espera, la mayoría en Valencia con 2.545 solicitudes, seguida de Alicante (1.484) y Castelló (353). En el mes de octubre de 2022, un año después del nuevo registro, son 11.000 las familias empobrecidas en lista. Algunas llevan incluso lustros intentando acceder a un piso social.
Pero este año hay una novedad importante; la Generalitat está obligada a conceder ayudas al alquiler a quienes lleven más de seis meses esperando una vivienda pública. Conselleria de Vivienda tomó esta decisión en septiembre tras varias investigaciones del Síndic de Greuges que le instaban a ello.
A la espera de los nuevos presupuestos, Vivienda recibió este año un 73 % más de ingresos gracias a los fondos europeos, y una enorme cantidad más con la aprobación del plan estatal de Vivienda 2022-2025, unos fondos que les dan un gran margen de maniobra.
Unos fondos que se pueden usar para revertir dos décadas de desmantelamiento del parque público de vivienda. Desde 1994, los gobiernos del Partido Popular han dejado las 37.500 viviendas en 17.000 -contando con pisos de ayuntamientos-. Incluso en el primer gobierno de izquierdas el parque público siguió perdiendo. Conselleria todavía está muy lejos de satisfacer la demanda de vivienda social.
¿Dónde me meto con dos hijos y dos nietos?
Esperanza recoge la comida en el comedor social del Puchero Portuario mientras da la entrevista por teléfono. Va allí tres veces por semana y también recibe ayuda de la Iglesia Evangélica de Barona. Nunca ha dejado a deber ni una sola cuota de su alquiler de 150 euros al mes, pero hace unos años, el fondo buitre Cerberus compró su piso.
Este mes de mayo acabó su arrendamiento y el fondo nunca quiso renovar. Antes de que llegara el día se asesoró, acudió a Stop Desahucios y a los centros municipales de servicios sociales para tratar de buscar una solución que no encontró. Una de las primeras cosas que hizo fue solicitar una vivienda pública, que le aprobaron por su situación de vulnerabilidad, pero que no llega.
El fondo buitre ya le ha ofrecido 4.000 euros para que se vaya de la casa, pero ella los rechaza. "Le he dicho que con ese dinero yo no voy a ningún sitio, que lo que yo necesito es una vivienda para no quedarme en la calle con mis nietos", explica Esperanza.
Ahora mismo solo cobra 532 euros mensuales por una minusvalía, a los que se añaden los 200 euros de pensión de orfandad de su hijo. "Con ese dinero solo nos da para pagar los gastos de la casa y la comida que no nos dan en comedores sociales, no podemos ahorrar ni nada. Además, con tan poco dinero no podemos encontrar nada ni en València ni fuera", lamenta Esperanza.
Los únicos ingresos que entran en casa ahora mismo son, además de la pensión, un pequeño extra por cuidar de una mujer del barrio de manera esporádica y solo un par de veces por semana. "Con eso solo puedo pagar los gastos que suponen las niñas y algo para comida, no llegamos a mas", cuenta.
Como muestra de buena fe sigue pagando cada mes 150 euros al mismo número de cuenta del fondo, aunque el alquiler esté vencido. Mientras tanto, busca alguna alternativa para quedarse. "¿Dónde me meto yo con dos hijos y con dos nietos, sin vivienda?" denuncia. Ya cuenta con una abogada de oficio y desde hace meses está apuntada a todos los recursos que teóricamente pueden ayudarla con su situación, pero nada.
Reivindica que nunca en su vida ha dejado a deber ningún recibo, y que no entiende por qué no han podido llegar a un acuerdo para pagar un alquiler asumible para ella. Desde hace meses la presión sobre sus hombros ha provocado que le diagnostiquen una depresión, para la cual toma medicación, rezando para que no le quiten la casa y se vea un día con los dos pies en la calle. De momento tiene uno.
