Los trabajadores de residencias y centros de servicios sociales cobrarán lo mismo que los empleados de Sanidad y Educación. Esto incluye a los trabajadores en centros concertados. Es una de las novedades de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el próximo año 2023, según anunció ayer la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Aitana Mas.

Para esto, se destinarán 40 millones de euros, que irán a engrosar los salarios de las trabajadoras y trabajadores que dependen de conselleria de Igualdad. Esto incluye residencias y centros de servicios sociales del concierto social, que igualarán su retribución con los empleados de la conselleria, y por tanto, con los sanitarios y profesores.

Esta equiparación salarial es una reivindicación histórica de los trabajadores de esta conselleria, y que se concreta este año a través de una inversión que también incrementará la financiación a los ayuntamientos para que paguen más a la plantilla que depende de ellos.

El espíritu de esta reforma viene del año 2015, con la llegada del tripartito de izquierdas a la Comunitat Valenciana. Entonces la exconsellera de Igualdad Mónica Oltra explicó su objetivo de convertir los servicios sociales en la "cuarta pata del estado del bienestar", a la misma altura que Sanidad y Educación. Siete años después este plan comienza a materializarse a través de la equiparación salarial.

La reforma tiene dos partes, por un lado, "el inicio del proceso de mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sistema público valenciano de servicios sociales para el que se aumentará el módulo de financiación a los ayuntamientos, y por otro lado se iniciará el proceso de homologación salarial de los empleados del ámbito de concierto social con el resto de personal", según anunció la vicepresidenta Aitana Mas en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos. Igualdad asegura que se acabará con "esta discriminación histórica", en un año.

Foto de archivo de una residencia de mayores Germán Caballero

Se trata de una reforma muy importante, ya que los bajos sueldos en el sector de la inclusión y servicios sociales llevaban años provocando que muchísimas personas del sector sanitario (enfermeros y enfermeras o fisioterapeutas, por ejemplo), decidieran trabajar para conselleria de Sanidad en lugar de en residencias públicas o concertadas, donde las condiciones y los salarios solían ser mucho peores.

Esta equiparación viene a atajar este problema para evitar la migración de profesionales a consellerias como la de Sanidad o la de Educación y a mejorar los contratos que ya existen en Igualdad. Pese a todo, la falta de trabajadores de Enfermería es patente desde hace años tanto en Sanidad como Igualdad, tanto es así que este verano se detectó personal sin el título trabajando en residencias de mayores, ante la escasez de profesionales cualificados.

Igualdad asegura que, para esto, también se aumentará el módulo de financiación a los ayuntamientos. Para conselleria se trata de "el inicio de un proceso para acabar con una discriminación histórica injusta, además de gran incertidumbre económica".

Más ayudas a la dependencia y más centros

Esta es solo una de las novedades de los presupuestos presentados ayer. Conselleria de Igualdad se lleva 8 de cada 100 euros que se gastarán en el año 2023, con 2.308 millones en total. Las partidas que más crecen son las dedicadas a ayudas sociales y para la dependencia, con una red de 750 millones de euros. Además, conselleria seguirá invirtiendo en mejorar y construir centros de día y residencias a través del Plan Convivint.

Otra de las inversiones más grandes va destinada a la atención primaria. Se van a mejorar las ratios de personal en los centros para acabar de absorber este servicio que antes era de Sanidad. Los centros de atención primaria prácticamente se han duplicado desde 2015, así como las plazas.

La partida que más ha crecido de un año para otro es la de Inclusión social, que pasa de 277 a 331 millones de euros, un 19 % más. Esta partida va dedicada sobre todo a las prestaciones sociales como la Renta Valenciana de Inclusión (288 millones)de la que se benefician casi 75.000 personas, casi la mitad menores de edad. Pero también se invierte dinero otros subsidios, como por ejemplo para las familias de acogida de un niño o niña tutelados por la administración valenciana.

Otra inversión a destacar de es en materia de juventud. El aumento del presupuesto hará que los ayuntamientos y entidades locales puedan contratar a 416 personas técnicas de juventud en los municipios.