El 86 por ciento de las personas migrantes en la Comunitat Valenciana tiene dificultades para acceder a una vivienda digna, principalmente por el precio del alquiler y por problemas burocráticos con el padrón, que llevan colapsados desde hace meses en el ayuntamiento de València.
Son datos de un estudio elaborado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) en colaboración con València Acull y la Comisión Técnica de Migración y Vivienda, que analiza la exclusión residencial de colectivos vulnerables como la población migrante en la Comunitat.
El padrón es uno de los principales problemas y más acuciantes para la población migrante, ya que sin él no se puede acceder a la enorme mayoría de derechos en España. El colapso es tal que ha provocado la proliferación de un mercado negro de citas por el que algunas personas han llegado a pagar 300 euros por un trámite que es gratuito, según ha documentado este periódico.
El vicepresidente y conseller de Vivienda Héctor Illueca, ha asistido a la presentación del estudio donde defendido que el derecho a la vivienda como "la puerta de entrada de toda una serie de derechos". El estudio revela que las personas que tienen más complicado el acceso a una vivienda son las de origen africano y americano.
La falta de documentación en regla para poder formalizar un alquiler en condiciones, sumado a los elevados precios y la escasa oferta de pisos asequibles provocan situaciones de vulnerabilidad que muchas familias sufren nada más llegar a València, como por ejemplo que la unidad familiar viva hacinada en una habitación o caer en pisos que en realidad son una estafa.
Además esta población, ha indicado Illueca, "tiene más problemas para fijar una residencia porque se encuentran con dificultades con el empadronamiento, que a menudo les pide documentación que no pueden aportar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas".
La no regulación del mercado privado de la vivienda está asimismo permitiendo un incremento de la demanda, lo que aumenta el precio del alquiler unido al incremento de los intereses al 2 %, y ante ello "esta población acaba en manos de mafias", advierte el estudio.
El conseller de Vivienda defiende que "necesitamos políticas de vivienda que sean transversales y eficaces" y que "tengan un conocimiento amplio de las realidades en las cuales quieren incidir".
El estudio, ha añadido, permitirá conocer con más profundidad la situación real de las personas migrantes y actuar a través de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas.
Entre las acciones, propone mejorar la accesibilidad en la gestión y los trámites; tratar con una perspectiva inclusiva y interseccional los grupos de personas en situación de vulnerabilidad; continuar ampliando el parque público de vivienda o luchar contra la brecha digital, que dificulta, por ejemplo, que les lleguen las ayudas al alquiler.
La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha precisado que "aún nos queda mucho por trabajar para poder atender como se debe a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento de la lengua". A ello hay que sumar, señala Peris, que "la mayoría padecen abusos porque les hacinan en habitaciones, ya que desconocen si les hacen arrendamientos correctos o no y no se atreven a denunciar"
